El brusco descenso de la población escolar de Ceuta es un fenómeno social de notable envergadura que, de manera inexplicables, está pasando desapercibido. Hace sólo cinco años, en infantil de tres años se matricularon mil doscientos alumnos. Un lustro después (este curso) lo han hecho seiscientos cincuenta. Perder el cincuenta por ciento de alumnado en sólo cinco cursos sería motivo de alarma (inicialmente), preocupación (posteriormente), estudio (urgente), conclusión (rigurosa) y planificación (por último). Sin embargo, en la Ciudad del conformismo y la resignación silentes, a nadie parece importarle. Cuando lo hemos planteado en ocasiones precedentes, las únicas respuestas que se han obtenido (cas todas a título personal y sin base solvente alguna) es que “la natalidad ha bajado en toda España”, o que “la causa es el cierre de la frontera”. Ambos hechos son ciertos y, sin duda, han tenido su cuota de influencia, pero están muy lejos de explicar una monstruosa reducción del cincuenta por ciento.
El impacto en el sistema educativo de esta drástica reducción de la demanda escolar en el tramo de la educación infantil (que ya ha empezado a notarse en los primeros cursos de educación primaria), se ha manifestado de dos formas diferentes. Por un lado, se ha reducido la ratio alumnos y alumnas por grupo de manera muy significativa. Y, por otra parte, se han suprimido un considerable número de unidades de educación infantil.
Algunos datos pueden ayudar a entender mejor la situación. Actualmente, en los centros públicos hay 38 unidades de sexto de primaria (con una ratio media de 22 alumnos por grupo). Y tan sólo 27 de infantil de 3 años (con una ratio media de quince alumnos por grupo). Resulta relativamente sencillo, para cualquier persona, predecir lo que va a ir sucediendo en los próximos años: una progresiva reducción de grupos por niveles y, consecuentemente, reducción de plantillas. También llegará a la Educación Secundaria. Tardará más tiempo; pero sin duda llegará. La contracción de entre un 30% y un 50% del conjunto del sistema no es una cuestión menor (aunque por la manera en la que se está abordando por parte del MEFP y la Ciudad, sí lo parezca).
Hasta el momento, la única decisión del MEFP ha sido “aprovechar” la reducción de matrícula para mejorar la ratio sin coste adicional y presumir de ello, evitando así tener que “cerrar más unidades”. Pero este movimiento a corto plazo, no puede servir para ocultar la realidad (ya hay seis colegios con un solo grupo de infantil de tres años (Vicente Aleixandre con 6 alumnos; Ramón y Cajal con 9; Rosalía de Castro con 10; Príncipe Felipe con 16, y Andrés Manjón y Juan Carlos I, con 19).
Este preocupante fenómeno tiene otra deriva que es necesario conocer y sobre la que se debería actuar urgentemente. La educación privada no se está viendo afectada en absoluto por la disminución de alumnado. En los Colegios Privados hay 10 grupo en cada uno de los niveles (de infantil de tres años a sexto de primaria). No es una pirámide invertida (como en la pública) sino un “rectángulo” perfecto. Dicho de otro modo, no se ha suprimido ni una sola unidad de educación infantil. ¿Por qué?
La educación privada concertada tiene un carácter subsidiario. Su razón de ser es suplir la “falta de oferta” de la pública para atender a la demanda total. En consecuencia, si la población escolar disminuye y hay que cerrar unidades, lo lógico es empezar a cerrar por la privada y no por la pública. En el curso 2021/2022 había 101 unidades de infantil en la pública y 30 en la privada. En este curso, hay 85 unidades en la pública, y sigue habiendo 30 en la privada. Hemos perdido 16 unidades en la pública (lo que ha implicado mandar al paro a 20 profesores de la pública) y ninguna en la privada. Esto no lo puede explicar nadie. Menos aún el “gobierno más progresista de la historia”. No olvidemos que al profesorado de la pública se le exige superar un proceso selectivo (y, en su caso figurar en una lista de interinos confeccionada por aplicación de un baremo objetivo); mientras que al profesorado de la privada solo se le exige tener dinero (para pagar “su” plaza, en algunos casos), o ser amigo del “dueño” del colegio. Esto no es asumible. Y el MEFP deberían actuar con determinación en defensa de la educación pública.
