Bajo la bandera de ‘Hispanos’, el diputado de Vox Carlos Verdejo ha vuelto a dirigirse a la Mesa de la Asamblea de Ceuta con una propuesta y una interpelación. La primera dice mucho sin ser explícito, porque apunta a la yugular de la fiscalización de los grupos políticos.
De hecho, insta a la Mesa a realizar un informe anual de fiscalización sobre el uso de fondos públicos asignados a cada grupo con la obligación de publicarlo en el portal de transparencia.
En dicha propuesta plenaria, Verdejo insta a establecer la obligación de que todos los grupos presenten y hagan accesibles a sus miembros las cuentas detalladas de ingresos y gastos vinculados a la financiación institucional.
No dice ni una sala palabra de Vox, pero en el recuerdo queda la rueda de prensa ofrecida el pasado 20 de mayo, cuando denunció irregularidades en las cuentas del que todavía es su partido, a pesar de tenerlo suspendido de manera cautelar y no comulgar con el voto.
Contratación de asesores y personal eventual
Verdejo pide en su propuesta introducir criterios claros para que la contratación de asesores o personal eventual financiado con fondos públicos responda estrictamente a los principios de idoneidad, transparencia y conocimiento acreditado de la realidad ceutí.
Así también solicita prever la posibilidad de reducir, suspender o retirar la financiación pública a los grupos parlamentarios que incumplan de manera reiterada las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
En aquella comparecencia de mayo, Verdejo denunció la contratación de asesores en su propio grupo parlamentario, denunciando la existencia de personas desconocidas para él y cuya labor ni siquiera había sido explicada.
“La falta de controles rigurosos puede propiciar un uso inadecuado de los recursos asignados, debilitando la confianza de la sociedad en sus instituciones. Una de las áreas más sensibles es la contratación de personal eventual o asesores”, añade.
“La ciudadanía ceutí tiene derecho a exigir que quienes ocupan estos puestos no lo hagan por mero amiguismo o vínculos externos, sino en virtud de criterios de idoneidad, profesionalidad y, sobre todo, de conocimiento de la realidad social, cultural y política de Ceuta. Solo así se asegura que los fondos públicos repercutan realmente en un mejor servicio a los ceutíes”.
Acoso laboral y sexual
En la misma propuesta, además de una fiscalización, Verdejo, bajo la bandera del proyecto Hispanos, pero siendo diputado de Vox, solicita a la Mesa implantar un protocolo integral contra el acoso laboral y sexual en la Asamblea, que contemple medidas de prevención y formación obligatoria para diputados y asesores.
Resalta que la rendición de cuentas no debe limitarse al terreno económico, sino también a este ámbito.
Por ello quiere la implantación de canales de denuncia confidenciales, seguros y accesibles, gestionados por personal independiente, apertura de procedimientos de investigación ágiles y con garantías, y protección frente a represalias para quienes presenten denuncias y soluciones proporcionales y públicas en caso de acreditarse conductas de acoso sexual o laboral.
“La Asamblea es un espacio en el que confluyen jerarquías políticas, cargos de confianza y personal laboral, y precisamente por esa estructura resulta un ámbito potencialmente vulnerable a la aparición de dinámicas de acoso laboral o acoso sexual”, expone.
“Conviene dejar claro que esta moción no afirma la existencia de casos concretos de acoso laboral o sexual en el seno de la Asamblea; pero tampoco corresponde negar que tales conductas podrían producirse en cualquier momento, incluso en este mismo instante, como puede ocurrir en cualquier institución democrática compleja. Por ello, lo responsable es anticiparse y dotarse de protocolos eficaces que protejan a todas las personas que aquí desarrollan su labor”.
“El acoso laboral y el acoso sexual no son meras irregularidades administrativas: son conductas punibles, sancionables tanto en el ámbito disciplinario como, en su caso, en el penal. El primero degrada la dignidad de las personas trabajadoras, las aísla y las somete a un trato injusto y vejatorio; el segundo constituye un ataque directo a la libertad y a la integridad personal, con mayor gravedad aún cuando se produce en un entorno de jerarquía política. Ambos resultan absolutamente incompatibles con los valores que esta Asamblea debe representar”.
Transparencia de pactos, también con diputados no adscritos
En la interpelación presentada por Verdejo solicita que los acuerdos, compromisos y entendimientos alcanzados con grupos políticos sean detallados, además de los que tienen que ver con los diputados no adscritos.
Verdejo busca respuestas sobre el alcance concreto de acuerdos, especificando si incluyen aspectos relativos a votaciones, reparto de responsabilidades, concesión de recursos, contratación de personal o apoyo presupuestario.
“No se trata de cuestionar la legitimidad de alcanzar consensos o pactos (una práctica inherente a la vida parlamentaria), sino de garantizar que dichos consensos se expliquen en sede pública, evitando la opacidad y fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.
“En una democracia representativa como la nuestra, la transparencia exige que los acuerdos que sostienen al Gobierno se conozcan públicamente, tanto en su contenido como en su alcance, especialmente cuando de ellos dependen mayorías parlamentarias”.
