Pues bien, la orden del Comité ha sido analizada por la Fiscalía General del Estado que ha instado a la Fiscalía en Ceuta a que “con libertad de criterio” reabra el caso y estime la forma de proceder que vea adecuada en torno a este suceso.
La Fiscalía en Ceuta se ha personado y ha solicitado que se reabran las actuaciones que fueron archivadas en su día, tomando como paso siguiente el notificar a la familia que Sonko tiene en España el auto de archivo. De esta manera la hermana, que reside en Almería, podrá estimar, si lo cree conveniente, la opción de recurrir dicho archivo para que entonces sea la instancia judicial la que dedica el camino que se debe seguir.
Así las cosas el paso ya está dado y el Ministerio Fiscal se ha puesto a trabajar en el asunto. Que se reabra el caso significa muchas cosas: de entrada que se vuelvan a tomar testificales y que se vuelva a investigar lo que en su día se archivó sin que la familia tuviera conocimiento oficial de dicho archivo. De eso se quejaban, de que no les había llegado notificación alguna sobre el archivo de la causa, con lo que no tuvieron derecho a poder recurrir y a instar al poder judicial a que se investigara cómo se produjo la muerte de Sonko.
Entre otros trámites se podrá solicitar las grabaciones que en su día realizó el Instituto Armado a través de las cámaras del COS de lo ocurrido aquella madrugada del 26 de septiembre, atendiendo así lo que reclama el Comité contra la Tortura: que haya una “investigación adecuada e imparcial de los hechos que se produjeron” para así poder perseguir y condenar “a las personas que fueron responsables de aquellos hechos y a que se conceda una reparación integral que incluya una indemnización adecuada para la familia de Sonko que reside, en parte, en España”, indica.
Las cosas han cambiado desde este fallecimiento
Sea cual sea la conclusión final a la que se llegue judicialmente, lo cierto es que las órdenes políticas han cambiado, y mucho, en cuanto a la forma de interceptar a los inmigrantes que intentan su entrada por mar en Ceuta. En aquel 2007 las órdenes políticas que daba la Delegación del Gobierno a la Guardia Civil se basaban en la obligatoriedad de devolver a Marruecos a los ocupantes de balsas o a aquellos que intentaban llegar a la costa española ayudados de flotadores. Por eso los guardias que iban en la patrullera, tras detener a Sonko y otros cuatro compatriotas más, los volvieron a acercar hasta la orilla marroquí, porque estaban cumpliendo órdenes políticas. Las ahora vigentes son completamente opuestas ya que balsa que se detecta balsa que se intercepta y se traslada hasta el puerto deportivo. Se tiene prohibido el rechazo a Marruecos como se hacía antiguamente. Ahora vuelve de nuevo a judicializarse este suceso para, a instancias de la propia ONU, quedar ya clarificado.
