Siete millones de euros gastados en el periodo 2004/2009 en atención sanitaria a extranjeros, y buena parte de esos millones absorbidos por las embarazadas marroquíes que dan a luz a sus hijos en el Hospital de Ceuta. Lo hacían en el viejo de la Cruz Roja y lo siguen haciendo en el Universitario, cuyas paredes se divisan desde el otro lado de la frontera. La crisis escuece y ahora a la clase política le entra la prisas por investigar qué hay detrás de estas tramas organizadas que han dado pie a operativos policiales que han fracasado. El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, tiene muchas obsesiones, y entre ellas está la de desenmascarar estas organizaciones dedicadas a la introducción de embarazadas en la ciudad para luego parir a sus hijos en territorio español. ¿Algo nuevo? No para las mismas fuerzas de seguridad que se encuentran ahora bajo su manto político y que ya lo estuvieron bajo el mandato de Fernández Chacón. Es el caso de la propia Policía Nacional. Tras la denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) difundida en 2010 a través de ‘El Faro’, se investigó la llegada de embarazadas a determinadas viviendas que fueron objeto de seguimiento por parte de las brigadas especializadas del Cuerpo Nacional de Policía.
Sobre la mesa se pusieron muchos datos que, unidos, daban lugar a indicios que policialmente eran considerados suficientes como para obtener el beneplácito de los jueces, contando así con las oportunas órdenes de entrada y registro en esas viviendas. Esas órdenes nunca llegaron. ¿Burlar la intimidad en una vivienda porque los seguimientos policiales han visto continuas entradas de marroquíes embarazadas? La respuesta fue negativa. ¿Que esas mujeres son trasladadas por las mismas personas a dar a luz al Hospital identificándose siempre como familiar de todas ellas? Curioso, pero no suficiente como para avalar judicialmente una investigación. ¿Qué hay vínculos sanitarios entre personal del Hospital y Marruecos? Meras sospechas que fueron puestas en conocimiento de la anterior cúpula directiva de Ingesa encarnada en el tándem Lopera-Querol.
Un tercio de los partos registrados en el Hospital fue de madres marroquíes, mientras que el Registro las inscripciones de los niños de padres del vecino país han terminado por dar la vuelta a los españoles. Una combinación que puede tener su lectura incluso política y que es de sobra conocida por Madrid desde tiempos en que el socialista Jenaro García Arreciado llevaba las riendas de la plaza de los Reyes. El Gobierno central nunca dio luz verde a una de esas especificidades legales para evitar las inscripciones de marroquíes ni tampoco tuvo demasiado en cuenta el volumen de extranjeros nacidos en Ceuta.
El asunto sigue cobrando interés político en un periodo, el de ahora, en el que los recortes en el ámbito sanitario empiezan a plantarle cara a los extranjeros. La propia senadora popular Luz Elena Sanín ponía de manifiesto esta situación aportando una idea, la de la retirada del pasaporte a las embarazadas, sin fundamento legal alguno. ¿Dónde está la trama? Las irregularidades nacidas al otro lado de la frontera tienen que tener su enlace debido en Ceuta para que no sólo funcionen, sino para que puedan cobrar la fuerza suficiente como para mantener este negocio activo a costa de las arcas de Ingesa.
Las consultas médicas en Marruecos, las orientaciones sobre el parto y el contacto con los pacientes nace de la propia Ceuta dando lugar a un cúmulo de ilegalidades que supera la atención humanitaria básica. Todo queda en que la obsesión de González Pérez llegue a ser también una obsesión en el poder judicial para poder responder al titular de este reportaje.
