Han pasado dos años desde la explosión ocurrida en los terrenos de Fuerte Mendizábal en donde se está construyendo la nueva cárcel. Un tiempo en el que al margen de la investigación llevada a cabo en su día por la Guardia Civil, se ha llevado a cabo una exhaustivo investigación judicial. Así ha sido hasta esta misma semana, cuando se ha conocido el primer dictamen judicial en torno a uno de los sucesos de mayor relevancia en la ciudad.
Tal y como ha podido saber 'El Faro' por fuentes judiciales, la causa abierta por dicha explosión ha quedado sobreseída por el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 y contra dicha resolución se ha presentado ya un recurso de uno de los afectados por la explosión que se ha personado como acusación particular en el caso.
Las razones que han fundamentado el auto de sobreseimiento al que ha tenido acceso este medio se centran en una conclusión más que evidente: pudo haber un error humano del que ahora resulta complicado encontrar culpable. Y se explica por qué. A pesar de todo lo que se ha investigado en torno a dicha explosión, solicitándose pruebas a distintas instancias e informes, no ha quedado claro que existiera un protocolo de actuación para la destrucción del explosivo sobrante. Y eso era lo que se estaba llevando a cabo aquel marzo de 2010, deshacerse del explosivo sobrante para las voladuras autorizadas por la administración central para conseguir regular el terreno en el que debía empezar la obra de la nueva penitenciaría.
La Inspección de Trabajo, a la que se le solicitó por parte del juzgado que investigara esta causa, se remitió a la declaración del responsable del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno, que es quien se ha posicionado en torno a esa falta de claridad en el protocolo que debía seguirse.
Aquella noche pudo haberse producido algún error en la manipulación del explosivo sobrante. ¿Cómo averiguarlo? La única persona que falleció debido a las importantes heridas sufridas en la explosión era precisamente el encargado de esa manipulación. No se puede contar ni con su testimonio, ni conocer datos de cómo se pudo llevar a cabo esa manipulación.
Ante este bloqueo en las investigaciones, dos años después de producirse la explosión, judicialmente no ha podido darse otra salida que el sobreseimiento de la causa. De momento dicho auto está recurrido por la representación legal de uno de los perjudicados en la explosión, por lo que ahora se está procediendo al análisis de dicho recurso para decretar o no la firmeza de la conclusión judicial a la que se ha llegado. Así, con esta resolución judicial se desiste de continuar con el proceso abierto en su día, suspendiéndose la investigación judicial por falta de pruebas o indicios suficientes como para imputar la responsabilidad de la explosión a alguna persona en concreto.
Al existir un recurso, cabría la posibilidad, si se estima algún cambio, de que el proceso pudiera reabrirse para continuar más adelante con las investigaciones. La Fiscalía y el propio juzgado han investigado el asunto ya que en un principio se planteaba la posibilidad de aplicar imputaciones de imprudencia con causa de muerte que no se han podido estimar finalmente.
