Por parte de la Consejería de Fomento se entiende que no hace falta cambiar la ordenanza de viviendas protegidas que existe en estos momentos y que se aprobó en el año 2006 para atender la situación de las personas que por las propias circunstancias que están atravesando ahora mismo tienen muy difícil poder pagar sus viviendas, pero que tienen voluntad de hacerlo.
La consejera Susana Román estableció que en el propio reglamento se hablan ya de incrementar las bonificaciones a los ciudadanos que por distintas circunstancias sobrevenidas no pueden hacer frente al pago de sus casas y también se prevé hasta una moratoria de un año.
Todo vino a colación de una moción presentada por Caballas y defendida por Mohamed Alí, donde se establecí que las bonificaciones a las viviendas de VPO van hasta un cuarenta y un cincuenta por ciento, pero que muchas veces no se cubrían totalmente, por lo que para los casos de estas personas que están dificultades económicas se podía variar la ordenanza y elevarlas hasta el noventa, aunque ya se sabe que en la mayor parte de los casos no se llegaría a esas cantidades.
La consejera ha indicado que el ejecutivo ha mencionado en varias ocasiones que en ningún momento va a proceder al lanzamiento de ninguna familia que ocupe una vivienda de protección oficial y que el compromiso es que se dará respuesta individual a los distintos casos que se vayan presentado a lo largo de todo este tiempo.
Hay que recordar que en los últimos meses por parte de Servicios Tributarios se han estado enviado cartas a varios cientos de personas que ocupan viviendas protegidas en razón a los retrasos que se estaban acumulando en el pago de sus respectivas viviendas. Un extremo que ya se indicó desde la Consejería de Hacienda en aquel entonces que no era intención el desalojar a ninguna familia, sino establecer unas fórmulas para poder pagar las casas.
