Dpendiendo de a qué lado se mire, la realidad que dibujan a los ceutíes sobre el estado de la sanidad es muy distinta. De una parte, el Gobierno asegura en una respuesta por escrito en el Congreso que no le consta que exista sobrecarga laboral en el Área Sanitaria de Ceuta, tal y como han denunciado en reiteradas ocasiones desde el Colegio de Médicos.
Es más, el Ejecutivo asegura que la dotación de medios materiales y humanos para atender las necesidades de salud en Ceuta sobresale dentro del conjunto del Sistema Nacional de Salud y que desde 2020 la actividad asistencial ha descendido un 34%, pese a lo cual la dotación de recursos humanos no sólo no ha descendido, sino que se ha incrementado en términos netos.
Frente a ello, en el polo antagónico, están partidos políticos como Ceuta Ya!, Vox, el PP o asociaciones como TDAH Ceuta, que denuncia la desatención del Gobierno con los menores y la necesidad de una unidad de Salud Mental, la misma que el Gobierno central también asevera en sede parlamentaria que abrirá de forma inminente.
La ciudadanía se merece explicaciones, porque es evidente que algo no funciona en el sistema fuera de lo que son las instituciones. La sociedad no percibe la atención en el cuidado de su salud que afirma la Administración. Sin poner en duda los números del Ministerio que hace suyos el Ejecutivo en su respuesta en las Cortes, es evidente que la prestación de este servicio público está muy lejos del panorama idílico.
El Ingesa está propiciando avances, como el documento firmado el jueves en el que se recoge en el Acuerdo de gestión 2025 para el Área Sanitaria de Ceuta. Pero tiene que ser consciente de que no vale solo con rubricar un compromiso, sino que después hay que cumplir lo que se dicta en el mismo.
El mensaje triunfalista no va a calar en la sociedad porque son muchos los ciudadanos que cada día acuden a la sanidad pública, como tampoco deberían, quienes están en la oposición, alertar en exceso de las deficiencias que se detecten con el mero ánimo de obtener un rédito electoral.
El cuidado de la salud y la apuesta por un servicio público esencial debería quedar fuera de debates interesados, pero siempre velando por una gestión transparente, eficaz y en la que se tenga en cuenta las necesidades de los profesionales, que son los que atienden a las personas y los que mejor conocen los aciertos y errores del sistema.
