Uno de los acuerdos alcanzados ayer en el Consejo Interterritorial de Sanidad es poner freno al turismo sanitario con la consolidación en la legislación española de una directiva comunitaria que señala de manera expresa que no se puede ir a la búsqueda de atención sanitaria a otro país de manera clara y tajante.
Por supuesto, no es el caso de Ceuta y Melilla el del turismo sanitario, pero con la aplicación de esta norma se podría poner freno a la continua entrada de ciudadanos marroquíes que vienen a ser atendidos al Hospital Universitario y en los propios centros de salud y que luego cuestan una importante cantidad a las arcas públicas de nuestro país.
Recordemos que, de manera principal, la atención sanitaria que más demandan los ciudadanos marroquíes en nuestra ciudad son los partos y luego las atenciones en Urgencias. Este mismo periódico publicó hace unas semanas que existía un verdadero negocio en la población de Castillejos, donde determinados ciudadanos marroquíes buscan a personas que les trasladan hasta Ceuta y luego les dejan en la puerta del centro hospitalario para que sean atendidos.
El mismo Ingesa cifraba en más de diecisiete millones de euros el coste que para la administración sanitaria había tenido la atención a estos extranjeros en nuestra ciudad desde el año 2004, oscilando entre los dos millones cuatrocientos mil euros de ese primer año del mandato socialista hasta el último en que existen datos conocidos que fue el 2009, con un valor global de tres millones doscientos mil euros. Fueron cifras que el Ministerio de Sanidad puso en conocimiento de la senadora ceutí, Luz Elena Sanín, quien había hecho una pregunta al Gobierno interesándose por esos datos.
Asistencia
Hay que destacar que el consejero ceutí Abdelhakim Abdeselam asistió a la reunión del Consejo Interterritorial, donde también se tomaron otra serie de medidas que afectarán a ceutíes como es el caso del copago farmacéutico.
Se calcula que en el caso de los pensionistas, hay un total de más de siete mil en nuestra ciudad que se verán afectados por el acuerdo del abono de hasta el diez por ciento en función de la renta de cada uno y unos mil quinientos que cobran pensiones no contributivas y que están exentos de abonar las recetas farmacéuticas.
