Atados de pies y manos. Así se encuentra en muchas ocasiones la Ciudad Autónoma de Ceuta para intentar cortar de raíz la situación de las obras ilegales en nuestra ciudad. No es nada fácil por distintas y variadas razones, pero una vez más, las propias especificidades de estos veinte kilómetros cuadrados hace que proliferen como setas las mencionadas obras ilegales.
No hay que olvidar que estamos hablando de disciplina urbanística, pero en todo el campo relacionado con el Urbanismo, Ceuta y Melilla se rigen por una normativa que en la mayor parte de las ocasiones no es que sean anteriores a la etapa constitucional y por tanto de los primeros años de la democracia, sino que algunos preceptos nos vienen de la etapa franquista.
¿Por qué suceden estas cosas? Simplemente, porque en la España de las autonomías, aunque existe una legislación general, luego cada autonomía, porque no olvidemos que estas competencias están transferidas, ha desarrollado su propia legislación y sin dejar de lado las garantías para los infractores, las han adaptado a sus circunstancias. En Ceuta y Melilla es imposible, porque no tenemos esa competencia legislativa.
Hablamos de normas de disciplina urbanística que no están adaptadas a la realidad del momento y entonces nos encontramos con una legislación que, en definitiva, son aplicables únicamente para ambos territorios.
Cuatro años
Desde hace más de cuatro años se viene insistiendo a la Administración General del Estado la necesidad de adaptar todas estas normas a la realidad que tienen los gobiernos de Ceuta y Melilla porque con la actual legislación en la mano es imposible luchar contra la proliferación de obras ilegales, que además, aquí abundan más que en ningún otro sitio. Así se hizo por parte del presidente Vivas con todos las ministras de la Vivienda que tuvo el ejecutivo de Rodríguez Zapatero y lo mismo ha vuelto a suceder cuando el pasado mes de enero se vió con su compañera del Partido Popular y ministra de Fomento, Ana Pastor.
Expertos urbanísticos consultados por esta redacción afirman que la legislación española es muy garantista con el infractor y que pone escasos medios a las administraciones públicas para poder resolver por la vía de urgencia cualquier expediente o denuncia que se realice por una obra ilegal.
El procedimiento que se abre es muy farragoso y además con numerosos trámites de audiencia hacia el infractor que, en muchas ocasiones, no cumple y lo único que hace es dilatar durante más tiempo el mencionado proceso.
Aunque por parte de la Ciudad, en varias ocasiones durante los últimos años, se ha intentado en la medida de lo posible y dentro de la escasez que le permite moverse con la legislación actual simplificar los procedimientos, resulta que muchas veces los mismos técnicos se ven con los pies y las manos atadas, porque hasta cuando se produce la construcción ilegal en suelo municipal y sin licencia de obra que, en teoría sería el procedimiento más rápido, duerme el sueño de los justos porque es imposible avanzar.
Procedimientos abiertos
Hoy en día en la Consejería de Fomento hay centenares de procedimientos abiertos y claro está, una vez que los mismos están ultimado, en la mayor parte de las ocasiones se encuentran que no pueden hacer nada si antes no cuentan con una resolución judicial.
Después del procedimiento farragoso, de multitud de trámites de audiencia, de las resoluciones judiciales, luego viene el último escollo: el derribo de la obra. Legalmente le corresponde reaizarlo al infractor, y si el mismo no cumple subsidiariamente a la Ciudad Autónoma con posibilidad de pasarle la factura al mencionado infractor. Pero, en el noventa y nueve por ciento de los casos nos encontramos que le toca pagar a la Ciudad de su propio bolsillo, bien porque el infractor no tiene fondos, porque no aparece o por mil motivos.
Antiguedad
Pero no solamente podemos hablar de esta acumulación de expedientes por obras ilegales debido a esa parte de la legislación, sino que hay que darle la razón al consejero de Fomento, cuando el pasado viernes señaló que es un problema antiguo de Ceuta, un problema que nos viene heredado desde hace más de treinta años.
Una situación derivada de la propia permeabilidad de la frontera en los años ochenta, donde la regularización de la situación en la que vivían los musulmanes residente en Ceuta hizo, desde luego, un efecto llamada en Marruecos y fueron multitud las personas que se establecieron de manera ilegal en Ceuta, acogiéndose a que la propia estancia les llevaría algún día a la nacionalidad.
Ello provocó una situación de asentamientos más bien ilegales y la proliferación de construcciones ilegales de manera principal en el Príncipe Alfonso y que con posterioridad se fueron extendiendo a todo el territorio municipal. Un mirar hacia otro lado como si no pasara nada que ha traído estos lodos, donde ahora se hace difícil hincar el diente.
Ese mirar hacia otro lado ha sido responsabilidad de muchas administraciones, pero de manera principal de todas las que tuvieron en sus manos los destinos de esta ciudad en esos años, tanto a nivel municipal como en la Administración General del Estado.
La permisividad hizo acto de presencia y por supuesto tampoco se puede pretender ahora que en dos días se mejore lo que durante decenios ha sido un escándalo permitido. Es uno de los debe de esa situación tan peculiar que vivimos en nuestra tierra.
