El ejecutivo ha confirmado que las seiscientas facturas que aproximadamente fueron entregadas por los proveedores después del quince de marzo fecha en la que se enviaron a Madrid todo el global del dinero que la Ciudad había preparado para el pago solamente en una pequeña cantidad no serán abonadas por el Gobierno presidido por Juan Vivas.
En relación con los plazos que se están cumpliendo a lo largo de este mes, en que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está analizando toda la documentación que en su día le envío la Ciudad Autónoma, el portavoz Guillermo Martínez certificó que por parte de los técnicos de la Consejería de Hacienda y Recursos Humanos se estaban atendiendo a todos los proveedores que se estaban adhiriendo al proceso, en las fechas que habían sido marcadas por el Gobierno de la Nación.
Por parte de los medios de comunicación se le preguntó si ese grueso de seiscientas facturas que habían sido introducidas con posterioridad por los proveedores se podía entender como un intento de aprovecharse de este procedimiento abierto y que con carácter extraordinario había sido abierto por la Administración General del Estado. En ese sentido claro, Martínez reflejó que no entendía que fuera así, sino que simplemente no se habían presentado las facturas con todas las bendiciones necesarias.
Ya desde este medio de comunicación se publicó tras la celebración del pleno del treinta de marzo que según habían comunicado los técnicos de la Consejería, lo más probable es que no se pagaran la mayor parte de las mismas.
El montante global podría estar alrededor de los dos o tres millones de euros y ese aspecto concreto se conoció una vez que el interventor de Fondos presentó su informe ante el plenario. Sin embargo, no suscitó este extremo mucha polémica por parte de los grupos de los partidos de la oposición.
Además, el ejecutivo deberá firmar la operación crediticia a lo largo de la primera quincena de mayo, cuando se apruebe en pleno.
