Cuatro años después, pero los ha tenido. Un “error interpretativo” del tribunal le llevó a no poder examinarse para una plaza de Matemáticas a pesar de haber superado las pruebas. Denunciados los hechos, la justicia le ha dado la razón y no sólo le han otorgado la plaza que por méritos había conseguido sino que, además, ahora se iniciará el oportuno proceso para reclamar las indemnizaciones oportunas. Su abogado, Carlos García Selva, ya está en ello, buscando ya poner el punto y final a una historia de decisiones erróneas que termina provocando que el Ministerio tenga que hacer frente a unos costes por sentencia judicial echando mano del dinero de todos los contribuyentes.
¿De dónde parte toda esta historia? El origen hay que encontrarlo en el proceso selectivo de oposiciones que tuvo lugar en el año 2008 y que servía para determinar el ingreso en el cuerpo de profesores de Educación Secundaria de un buen número de personas. A dicho proceso se presentaba esta opositora con cientos de hombres y mujeres que buscaban las cotizadas plazas. La afectada se presentó al proceso de selección y obtuvo una calificación de 8,542 puntos en la parte A de la fase de oposición. El problema se produjo en la segunda parte. Tanto en la B1 como la B2 obtendría una calificación de cero, quedando fuera del proceso. ¿Y todo ello por qué?, por eso “error interpretativo” que tan caro le ha salido al tribunal de selección. Éste consideró que la programación que la afectada presentaba “no se ajustaba a las bases de la convocatoria al carecer de un índice”. Según explicaba el propio Tribunal Calificador: “En su lugar aparece una relación ordenada de las partes de la programación sin indicar la localización de las mismas dentro de dicho documento”. Por tanto ese error le había costado apartarla del proceso.
Apoyada por el letrado García Selva, la afectado acudió a los tribunales. Y la justicia le dio la razón a través de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con una sentencia que obligaba a que el Tribunal Calificador de la especialidad de Matemáticas del año 2008 tenía que volver a reunirse, admitir la programación de la denunciante y volver a evaluarla. Así, entendía, sencillamente se haría justicia.
A diferencia de lo que había opinado en su momento el tribunal calificador, en la sentencia se indicaba que en las bases de la convocatoria se exigía literalmente un programación que “deberá presentarse con una portada (...) y un índice donde se relacione la secuencia numerada de las unidades didácticas de que consta”. Eso es lo que hizo la mujer, sin saber que el tribunal de las oposiciones echaría mano de la RAE para aclarar que ‘índice’ significa: lista ordenada de los capítulos con indicación del lugar donde aparecen. Para la justicia el tribunal había pecado de una interpretación “excesivamente rigorista y desproporcionada”, provocando injustamente la salida de la afectada.
Obligado por sentencia judicial el tribunal se ha tenido que volver a reunir, la afectada ha aprobado su examen y ahora tiene asignada su plaza de profesora de Matemáticas. El Ministerio tiene que habilitar una plaza nueva y hacer frente a la indemnización que pueda solicitar la afectada por los daños sufridos ya que la denunciante tuvo que presentarse a las oposiciones en Andalucía, donde sí obtuvo plaza, debiendo abandonar Ceuta y dejando aquí a su marido y a un hijo.
¿Y con los que no denunciaron?
Al igual que esta opositora hubo alrededor de 20 personas más que quedaron fuera del proceso por las mismas razones: la interpretación del tribunal a lo que se considera índice. La diferencia entre esos 20 y la denunciante es que sólo ella decidió hacer valer sus derechos, acudir a un abogado y emprender una lucha de años para conseguir que la justicia le diera la razón. Su lucha ha terminado con el logro de esa razón perseguida, pero atrás quedan otros compañeros que asumieron como válida la explicación dada por un tribunal excesivamente riguroso en sus planteamientos. Se les arrebató su oportunidad.
