Caballas ha querido tomarle el pulso al PP llevando a pleno una propuesta que en su día ya hiciera público a nivel nacional el particular mago de las finanzas, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Lo que la coalición quiere llevar al pleno del próximo lunes no es otra cosa que aprobar la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables políticos que hayan ordenado y contraído gastos sin la obligatoria consignación presupuestaria y sin respetar los procedimientos legalmente establecidos para ello. Es decir, buscar responsabilidad penal para aquellos políticos que la tengan.
En su propuesta Caballas recuerda que desde el comienzo del presente mandato, “se ha convertido en una práctica común la aprobación de expedientes de reconocimiento extra judicial de deuda por el Consejo de Gobierno y por los correspondientes consejos de administración de las sociedades municipales. Esta es la consecuencia de un modo irresponsable de gobernar que ha generalizado una figura reservada por la legislación vigente para resolver situaciones sobrevenidas o imprevistas”, apunta en su escrito el portavoz de la coalición, Mohamed Alí. El Gobierno, sin embargo, “la ha utilizado para eludir los controles legales y efectuar contrataciones que obedecían a intereses partidistas. La prueba definitiva de este hecho se encuentra en la relación de facturas impagadas elaborada por los servicios de intervención con motivo de la participación de nuestra institución en el Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno de la Nación. El desorbitado número de facturas en los cajones refleja con claridad el escaso respeto mostrado por el Gobierno de la Ciudad a los procedimientos legales para la fiscalización del gasto público”, sentencia.
Desde Caballas se espera obtener el apoyo de las demás formaciones para apelar a una propuesta que, consideran, se basa en un mero principio de responsabilidad y ética. Al menos consideran congruente el apoyo popular, ya que, apuntan, con su propuesta tan sólo muestran su coincidencia plena “con el principio manifestado reiteradamente por el PP, a través de diversos cargos públicos del más alto rango del Gobierno de la Nación, de que es necesario exigir responsabilidades penales a los gobernantes despilfarradores que, incumpliendo las leyes, han ocasionado con su gestión daños graves a las instituciones públicas provocando endeudamientos escandalosos. Evidentemente éste es el caso de Ceuta”, indican.
El aviso de Montoro, en el punto de mira
“Los políticos que no cumplan el déficit tendrán responsabilidad penal”. Con esta sentencia se presentaba el ministro Montoro para defender la aplicación de la ley de transparencia del Gobierno, buscando castigar a los gobernantes que gasten por encima de lo que marca el presupuesto y obligándoles a tener que afrontar "responsabilidades penales".
"Lo que no es correcto son las facturas en el cajón , la falta de transparencia y acumular deudas que se vuelven impagables", afirmaba Montoro en una entrevista. Pues bien, lo que hace ahora Caballas no es más que extrapolar a la ciudad la advertencia de Montoro buscando el apoyo de todas las fuerzas presentes. El debate está servido.
