La segunda y última sesión judicial por la muerte de los neonatos, ocurrida en noviembre de 2006, tendrá lugar mañana en el juzgado de lo Penal número 1. Está prevista la declaración de los padres de los recién nacidos así como de más familiares y profesionales sanitarios que estuvieron de guardia en el día de los hechos. En esta jornada se expondrán además las conclusiones de las partes que han mantenido tesis enfrentadas en torno a la viabilidad de los fallecidos, una niña y un niño que pesaron 490 y 470 gramos respectivamente después de que su madre estuviera 24 semanas de gestación.
El letrado del Defensor del Paciente, que representa los intereses de los padres, entiende que los médicos responsables de la decisión de no prestar asistencia sanitaria alguna a los neonatos es condenable, de ahí que mantenga su petición de penas privativas de libertad e inhabilitación para los médicos J.J.Q.S. y S.O.A. por un presunto delito de homicidio imprudente. Ambos declararon en la sesión inicial celebrada el pasado 16 de febrero que habían aplicado los protocolos correctos entendiendo que prestar asistencia a los recién nacidos habría supuesto alargar su sufrimiento ya que no eran viables.
El hecho es que los neonatos permanecieron con vida 17 y 10 horas y los familiares denuncian que nunca se les preguntó si querían dejarlos morir o no. La defensa de la familia mantiene que podrían haber vivido si se les hubiera introducido en una incubadora y trasladado al Hospital Puerta del Mar en donde existe UCI para neonatos.
Durante la primera sesión judicial se pusieron de manifiesto distintas teorías de profesionales médicos que chocaban en lo fundamental: ¿podrían haber vivido con ese peso y tras 24 semanas de gestación? Unos insistieron en que sí, otros, por contra, dijeron que no, basándose todos ellos en protocolos más o menos actualizados sobre atención médica a neonatos.
El Defensor del Paciente a través de su letrado recalca que a día de hoy la familia no sabe dónde están enterrados los recién nacidos ya que el Hospital les comunicó que se harían cargo del entierro y todavía no se sabe el lugar en donde se les debió dar sepultura.
La acusación particular entiende que ha sido una clara denegación de asistencia sanitaria, hurtando los licenciados en Medicina la decisión de los progenitores sobre si se debía o no intentar salvar la vida de sus hijos. La defensa de los médicos considera que la asistencia que se les dio fue la correcta y los imputados no incurrieron en una mala praxis.
