La Jefatura Superior informó ayer en nota de prensa de los resultados alcanzados. Lo hizo después de recabar el trabajo que ha realizado el grupo de agentes de la Policía Local que participó en este operativo, ya que ha sido conjunto entre ambos Cuerpos.
Indica la Jefatura que la imputación sobre estas seis personas se ha llevado a cabo “gracias a las inspecciones realizadas durante varios meses en diversos desguaces y chatarras establecidos en las barriadas del Príncipe Alfonso y Felipe y en la zona de la Almadraba en Ceuta”. Inspecciones que tienen que ver con el crecimiento de este tipo de infraestructuras y la profusión en las quemas de coches. Lo asegura la propia Policía Nacional. “Paralelamente”, dice, “al crecimiento de estos desguaces y chatarras, se había constatado la quema intencionada de vehículos en situación de abandono o largo tiempo estacionados en la vía pública. A los coches previamente se le retiraban las piezas más demandadas para su posterior venta al público. Además, el incendio dificultaba la posible identificación del vehículo a través de matrícula o número de bastidor”, señala.
Así que presumiendo la posible vinculación de esas quemas y el crecimiento de las chatarrerías se desarrolló la famosa ‘Fénix’ que, finalmente, se ha quedado con saldos positivos únicamente en el ámbito de las sanciones y trámites administrativos, ya que en materia puramente de investigación no se ha logrado relacionar uno de los asuntos más graves en seguridad ciudadana -las quemas de coches- con estas inspecciones.
De hecho en las mismas se ha controlado la presencia de vehículos en su conjunto, pero no de piezas. Explica la Jefatura que los agentes dedujeron que varios desguaces-chatarras podrían incurrir en infracciones penales contra los recursos naturales y el medio ambiente, tales como depósito y derrame/vertido de desechos y residuos, tanto líquidos como sólidos (aceites de motor, de cajas de cambio y diferenciales, grasas, líquidos de freno, baterías y carburantes, así como los restos inservibles de chasis desguazados), que podrían perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas. También podrían incurrir en infracciones administrativas por carencia de licencia para la actividad, incumplimiento de la normativa específica que regula esta actividad, ocupación ilegal de terrenos de titularidad pública, cerramientos (muros) sin la obtención de la correspondiente licencia urbanística o trabajadores extranjeros en situaciones irregulares. Por eso se requirió la necesaria presencia de los agentes del grupo específico de la Policía Local que aborda estos menesteres para encargarse de las labores burocráticas.
El operativo, tal y como se informó en su día, se centró en estas seis chatarrerías dedicadas al desguace de vehículos que presentaban, dice la Policía, varias irregularidades, como falta de permisos administrativos, presencia de trabajadores irregulares, existencia de vehículos desguazados sin estar documentados y residuos tóxicos-aceite de motor, líquidos de freno o grasa.
Además de la imputación de seis personas se localizaron tres personas por estancia irregular. En la intervención se ha contado con la Inspección de Trabajo que ha procedido a levantar acta de infracción a un total de 33 trabajadores ilegales.
La Policía Local se encargó de precintar los locales en situación de ilegalidad y levantar las oportunas actas de infracción administrativa en aplicación de la Ley de Residuos.
Inspecciones como las que ahora han dado lugar a la bautizada como ‘Operación Fénix’ no son nuevas. De hecho desde septiembre de 2011, que fue cuando se iniciaron con mayor periodicidad, la Policía Local ha realizado hasta una decena de inspecciones en establecimientos tipo desguaces, chatarrerías o garajes que operan como tales. Dichas actuaciones se aceleraron con motivo de la existencia de un negocio ilegal montado que todavía existe y que se nutre de distintos actores: los mecánicos andantes, quienes les compran piezas para su venta y quienes se dedican, una vez desguazados los vehículos, a quemar lo que de ellos queda.
Años después de que comenzaran las quemas con mayor virulencia y se aceleraran este tipo de inspecciones no se ha conseguido vincular directamente este tipo de prácticas delictivas con el apoyo económico que tienen detrás y que sustenta un negocio específico y problemático para Ceuta.
El Seprona, con un historial de sanciones millonarias detrás
La ‘Operación Fénix’ se ha saldado, sobre todo, con una actuación en materia medioambiental. Una actuación que es positiva pero no es rara que se produzca. El Seprona, la unidad de la Guardia Civil dedicada específicamente a la lucha contra los atentados ecológicos, está más que habituada a levantar actas y dictar sanciones millonarias por vertidos. En muchas ocasiones actúa motu propio, pero en otras lo hace por avisos de oenegés o de ciudadanos. Está a la orden del día. Las sanciones dictadas por el Seprona contra infraestructuras que acumulan vehículos abandonados han sido cuantiosas. Una de las más elevadas se dictó en 2010 y se saldó con una multa de 300.000 euros a una entidad que tenía acumuladas decenas de vehículos vertiendo residuos y constituyendo todo un atentado contra el medio ambiente. Las sanciones por vehículos abandonados, incluso en pleno monte, también están a la orden del día y se centran, de media, en un centenar de acciones anuales. Oenegés como la propia Septem Nostra han llegado incluso a trasladar a instancias europeas una problemática común en Ceuta: la existencia de depósitos de coches que generan residuos y sobre los que se carece de control. En el caso de marras se ha imputado a seis personas por presuntos atentados contra el medio ambiente, una estadística que viene a sumarse a la que arrastran las distintas fuerzas de seguridad en este campo. Conseguir luego una actuación judicial traducida en una multa importante es el objetivo, ya que es la mejor forma para ayudar a que este tipo de actuaciones no se vuelva a llevar a cabo.
La intervención en fotos
En esta serie de fotografías cedidas por la Policía se señalan las zonas de las distintas chatarrerías que fueron objeto de control por parte de las distintas fuerzas de seguridad que se desplazaron.
1 - Residuos. El estado de los vehículos almacenados así atenta contra normativas europeas que los ecologistas han denunciado en muchas ocasiones.
2 - Situación ecológica. Las denuncias que se han hecho sobre las personas sancionadas han sido por delitos medioambientales.
3 - Vertidos. Se ha tenido en cuenta en las inspecciones llevadas a cabo los daños ocasionados en el medio ambiente que no se han controlado.
4 - Sanciones por los restos. Se comprobaron zonas como esta en la que había estos depósitos que estaban continuamente vertiendo residuos de los coches lo que supone un atentado medioambiental.
