La Ciudad Autónoma se encuentra muy tranquila en relación con el apoyo jurídico que tiene su decisión de retener los pagos a las empresas que tienen relación contractual con el Ayuntamiento si éstas no abonan a sus trabajadores la parte que les corresponde del ahorro que viene de las bonificaciones de la Seguridad Social.
Antes de tomarse esta decisión, por supuesto, se solicitó el oportuno informe a los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma y entre las conclusiones que los letrados establecen, por un lado se basan en la propia legislación y por otra mantienen que tanto empresarios como trabajadores se han sometido a una jurisdicción voluntaria. Es decir que el acuerdo que firmaron en el Salón del Trono del Palacio Autonómico tanto la Confederación de Empresarios de Ceuta como los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras es de obligado cumplimiento y que, por tanto, los asociados a la CECE no puede descolgarse unilateralmente de este acuerdo, que además contó con la presencia del presidente de la Ciudad, Juan Vivas y del delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez.
Exponer las razones
Para la Ciudad Autónoma, la Confederación de Empresarios representa a todos y cada uno de sus afiliados y, desde luego, lo que tienen muy claro es que si esas empresas no están de acuerdo con la decisión que se ha adoptado que vayan a la Consejería y que expongan las razones que aducen.
Fuentes del equipo de gobierno consultadas por esta redacción establecen que los pasos que normalmente se dan en el ejecutivo de Juan Vivas siempre son medidos y con mesura, con lo cual si han tomado la decisión de enviar la circular tanto a Intervención como a todas las Consejerías es porque hay un respaldo claro.
Además, a partir de ahora todos los estudios económicos o cualquier tipo de estimación que pueda realizarse para la determinación del presupuesto de licitación de un contrato que afecte a sectores de la actividad económica beneficiados por la medida deberán tener en cuenta tanto la bonificación como el plus de vinculación.
Junto a esto, la circular establece que todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares incluirán una estipulación en la que se haga remisión tanto a la normativa de la Seguridad Social como al acuerdo suscrito por las administraciones públicas y los agentes sociales, “incluyéndose, así, en el conjunto de pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones establecidas por las partes del contrato”.
