La vida en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y el modelo de gestión que allí se estila pretende extrapolarse al que se aplica en los CIE peninsulares. Es lo que pretende el Gobierno con sus reformas anunciadas, presionado por las críticas de las oenegés y, en última instancia, por la Defensora del Pueblo. En el último boletín, publicado ayer, María Luisa Cava de Llano reclama que se regule de manera exhaustiva las condiciones de privación de libertad en los centros de internamiento utilizando un instrumento con el rango normativo suficiente para regular derechos fundamentales.
¿En qué medida afecta esto a los inmigrantes hoy acogidos en los centros de Ceuta y Melilla que son susceptibles de su traslado a los CIE de la península? Algeciras Tarifa y Málaga acostumbran a ser los destinos de estos subsaharianos que vienen a habitar centros de internamiento que están en peores condiciones que los tristemente famosos de Aluche (en Madrid) o el de Barcelona, en donde han fallecido entre diciembre y enero dos inmigrantes.
Lo que pretende ahora el Gobierno, con las reformas anunciadas por el Ministerio de Interior, es que la gestión que se aplica en estos centros sea muy similar a la que se da en los CETI. Es decir, se pretende fomentar un control más social de estos centros y menos policial y represivo.
De los previsibles cambios que se vayan adoptando dependerá muy mucho el modus vivendi que vayan a tener los inmigrantes que, tras ser trasladados desde Ceuta, estén esperando el tiempo que marca la ley de extranjería antes de su deportación a sus países de origen. Políticos como el socialista Antonio Hernando han defendido públicamente este modelo de gestión.
