La reforma del sector público empresarial será negociada tanto con los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea como con los sindicatos.
Esa afirmación fue realizada en la jornada de ayer por parte del consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez de la Rubia, en el transcurso de la discusión en la Asamblea del reglamento sobre la Mesa General de Negociación de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Y es que en torno a la admisión o no de los empleados de las sociedades municipales en esta Mesa General de la Administración versaron las intervenciones tanto del propio Márquez como del portavoz para este asunto de Caballas, Juan Luis Aróstegui.
Para Márquez no era obligatorio, por supuesto, llevar a pleno este asunto y que si se hacía era por voluntad de las partes, en este caso, Gobierno y sindicatos porque quieren que la mencionada Mesa cuente con el beneplácito del órgano de mayor altura dentro de la estructura autonómica.
Además, hizo alusión a que la propia legislación establece a la perfección la diferencia entre la Administración pública y el sector público y que, por tanto, no tenían cabida los representantes sindicales de los trabajadores de las sociedades municipales en la citada Mesa, pero que ello no era óbice a que por parte de la misma se pudieran crear una serie de mesas sectoriales, que es donde el Gobierno quiere abordar con las centrales sindicales la reforma que prepare del sector público empresarial.
Acusación
Además, negó la acusación de Aróstegui de querer dejar fuera de la negociación al treinta y cinco por ciento de los trabajadores con relación a la Administración, sino que eran ámbitos diferentes de negociación.
Para Aróstegui se estaba discriminando a los empleados públicos que no están en la Administración y conminó para que existiera una mesa general única donde se discutan los problemas laborales de todos los empleados públicos.
Igualmente, llegó a señalar que a los trabajadores de Acemsa, durante la asamblea extraordinaria que realizaron dejaron bien claro que o se aceptaban las rebajas en los sueldos o que la empresa podía ser privatizada, circunstancia que en todo momento negó el consejero de Hacienda.
El PSOE aseguró que no había discriminación
El portavoz del PSOE, José Antonio Carracao, reflejó que votarían a favor de esa Mesa General de Negociación, porque habían tenido la oportunidad de hablar con los sindicatos y que el mayoritario en la función pública, como era la Unión General de Trabajadores, era favorable al mismo. Además, alegó que no se abandonaba a ningún trabajador público y que no existía discriminación tal y como argumentaba Caballas a este respecto.
