Un parto de 14 meses, pero al final hay sentencia del caso Emvicesa. Cientos de folios con un fallo clave que ha sido dictado por el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta y ha sido adelantado por El Faro. Han sido absueltos Susana Román, Mohamed Alí y Rabea Mohamed. También los trabajadores de Emvicesa.
Resulta condenado Antonio López a 5 años y 3 meses de inhabilitación por delito intentado de prevaricación. Además 5 años de cárcel por delito consumado y continuado de cohecho.
En su caso, la Sala le condena como autor de un delito intentado de prevaricación, concurriendo la atenuante simple de dilaciones indebidas, a la pena de 5 años y 3 meses de inhabilitación para empleos o cargos públicos en todos los órganos o sociedades de la Ciudad.
Como autor de un delito consumado y continuado de cohecho, concurriendo la atenuante simple de dilaciones indebidas, se le impone 5 años de prisión, además de inhabilitación de cargos de la Ciudad durante 10 años además de multa de 20 meses a razón de 50 euros diarios.
Las absoluciones de los expolíticos
Paso por paso, en el listado de absoluciones quedan los expolíticos. En el caso de Susana Román queda absuelta del delito de prevaricación, del delito continuado de falsedad documental dolosa y del delito continuado de falsedad documental imprudente.
Rabea Mohamed, absuelta del delito de prevaricación y del de falsedad documental imprudente, al igual que Mohamed Alí. Los tres expolíticos ven, años después, resuelta su situación procesal quedando libre de cualquier condena. Han pasado un auténtico calvario, y así lo contaron en sede judicial. Ahora, los tres, respiran recibiendo la absolución.
Los trabajadores de Emvicesa, también absueltos
Los trabajadores de Emvicesa, también absueltos de los delitos continuados de prevaricación de los que habían sido acusados, así como, subsidiariamente, del de falsedad documental dolosa e imprudente.
Ellos también se sentaron en el banquillo acusados de haber coparticipado en un plan para la adjudicación de las viviendas que presentaba en la cúspide a Antonio López, quien llevaba las riendas de la sociedad municipal que dio nombre a este caso. Emvicesa quedará marcada por siempre por la operación policial que puso sobre la mesa presuntas irregularidades en la adjudicación de las casas.
Intermediarios, condenados
En el plantel de acusados estaban también los intermediarios o captadores, entre ellos un policía portuario que en la sesión de juicio oral ‘tiró de la manta’ dejando interrogatorios muy llamativos.
Se les condena por ser cooperadores necesarios de un delito consumado y continuado de cohecho, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de colaboración con la justicia. La pena es de 9 meses de prisión e inhabilitación para empleo en puestos del Ayuntamiento relacionados con gestión de VPO durante 1 año y 9 meses además de multa de 3 meses a razón de 10 euros diarios.
Una veintena de personas han sido condenadas por delito consumado de cohecho por beneficiarse de VPO, dictándose penas de 9 meses y 3 días de prisión, además de multa. En un caso hay una condena de 1 año, 10 meses y 17 días de cárcel.
Absueltos varios acusados por beneficiarse de casas
Destaca en la sentencia de 820 páginas, la resolución absolutoria para personas que tuvieron que sentarse en el banquillo por haberse beneficiado, supuestamente, de algunas de esas viviendas de protección oficial.
Son 22 personas acusadas de cohecho, entre ellas algunos rostros conocidos como fue el de Laarbi Maateis, que queda absuelto en este procedimiento, en el que también se sentó en el banquillo una familiar.
Absuelto queda también un sindicalista que figuraba como acusado, así como el que fuera político del PP, Jesús María González Barceló.
Casi dos meses de vista oral
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dejó visto para sentencia el pasado 13 de diciembre el 'caso Emvicesa' tras un juicio oral que se prolongó cerca de dos meses y que comenzó el 24 de octubre, seis años después de la detención en Marbella un 14 de febrero de 2017 de Antonio López, supuesto cabecilla de una presunta trama dedicada a la adjudicación irregular de viviendas protegidas a cambio de dinero o influencias.
Tras retirar la acusación al exgerente del PP, Jesús González Barceló, y otros diez de los cerca de medio centenar de encausados, la Fiscalía terminó solicitando 13 años de prisión, la mitad de los que pedía inicialmente, para López por un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad en documento oficial, otro continuado de cohecho y blanqueo de capitales.
También reclamó que el que fuera diputado autonómico del PP fuese condenado a una multa de más de cinco millones de euros.
Además, el Ministerio Público planteó penas alternativas a la privación de libertad por prevaricación para los expolíticos Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Ali, concretamente diez meses de multa para la primera y nueve para los otros con una cuota diaria de 50 euros e inhabilitación por falsedad imprudente.
Para los cinco trabajadores de Emvicesa procesados planteó una condena de multa y suspensión por cooperadores necesarios para una falsedad imprudente en lugar de cárcel por prevaricación y falsedad documental.
La Fiscalía dejó en nueve meses de cárcel y multa su solicitud para los tres 'intermediarios' de López juzgados y en un año de prisión y multa su petición de condena para los 25 acusados de cohecho que reconocieron el delito, mientras que el resto se seguían enfrentando a tres.
La acusación particular, por su parte, redujo de 10 millones de euros a alrededor de dos su reclamación de indemnización a miembros de la 'lista fantasma' por no haber visto nunca satisfecha su aspiración de obtener una casa en la promoción de 317 VPO de Loma Colmenar. Según su exposición dicho dinero, 132.000 euros por cabeza, tendrían que pagarlo López, los trabajadores de Emvicesa y los expolíticos procesados.
