Las dilaciones indebidas continúan siendo uno de los más graves problemas de la Justicia, así como la necesaria implicación de este poder para sancionar duramente las actuaciones irregulares de la clase política. Este asunto volvió a protagonizar en 2011 numerosas quejas ciudadanas y, de hecho, el Defensor del Pueblo mantiene abiertas varias investigaciones sobre esta materia.
Respecto a este asunto, la oficina que dirige Mª Luisa Cava de Llano ha recomendado al Ministerio de Justicia que estudie la posibilidad de reformar el Código Penal “para que se refuerce la respuesta del ordenamiento jurídico ante el uso irresponsable del dinero público por parte de autoridades y funcionarios”, detalla en sus recomendaciones hechas público ayer. La Defensora abogó porque las “conductas particularmente graves tengan una específica respuesta penal”. Una petición que justificó en “el amplio reproche social que merecen este tipo de conductas y en el convencimiento de que el rigor en el tratamiento del uso de los fondos públicos debe ser superior al el tratamiento del uso de los fondos privados por particulares”. En opinión de Cava de Llano, la consecuencia jurídica más importante de estos comportamientos debería ser la inhabilitación para cargo o función pública. Sin embargo, la respuesta de Justicia rechazó esta recomendación, aludiendo, entre otros motivos, que el despilfarro ya está suficientemente recogido por el Código Penal. Para la oficina del Defensor del Pueblo, existen otros comportamientos ilícitos, no recogidos por el Código Penal y que son precisamente los que están produciendo en la práctica el despilfarro de dinero público.
En materia de asistencia jurídica gratuita, y tras conocer que la Abogacía del Estado estaba impugnando el reconocimiento de este derecho a extranjeros en situación irregular, se formuló una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia, para que todas las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita adecuen su actuación a las previsiones establecidas en la vigente normativa estatal y autonómica a la hora de reconocer el beneficio de asistencia jurídica gratuita. Además, se pidió que se contemple la posibilidad de buscar alternativas legales que permitan a este colectivo acreditar su situación de carencia de recursos económicos.
Otros asuntos
Empleo
Por lo que respecta al empleo, la Oficina del Defensor del Pueblo intervino en asuntos relacionados con la falta de coordinación entre los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos, para subsanar deficiencias en la información que se facilita a los parados, y por la tardanza en el cobro de prestaciones.
Igualdad de trato
En el año 2011 se han producido varias reformas legales e importantes cambios en procedimientos administrativos, en muchas ocasiones, gracias a las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo. Esta Institución se congratula especialmente de la reforma operada en la ley de extranjería por la Ley Orgánica 10/2011 que permite que cualquier ciudadana extranjera en situación irregular, víctima de violencia de género, pueda acudir a la policía a denunciar, sin miedo a que se inicie un expediente de expulsión en su contra.
Extranjeros
La Institución considera que resulta urgente seguir avanzando en la racionalización y mejora de todos los procedimientos administrativos que tienen que ver con la extranjería. La inaceptable demora que han de seguir soportando los ciudadanos extranjeros en su relación con la Administración ha de ser abordada de manera decidida, apostilla.
