Será el jueves cuando tendrá lugar la reunión propuesta por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para debatir sobre la reforma de la Ley de Extranjería. Será el momento de conocer si existe desbloqueo a una medida necesaria que ha encontrado el veto del Partido Popular.
De trasfondo de estas negociaciones queda el modo en el que la clase política ha estado abordando esta situación, hablando de menores como si fueran mercancía, como quien vende kilos a granel.
Los movimientos migratorios existen desde que hay desigualdades y fronteras. Las llegadas de menores han pasado por ciclos diversos marcados por una mayor o menor presión.
Esta debe ser gestionada de forma adecuada, respetando el interés del menor y consiguiendo la implicación de todas las autonomías. Aquí más que conseguirlo al final se va a forzar, que son términos bien distintos que vienen a demostrar el tipo de clase política que tenemos.
Hay algo sencillo de entender: el menor que llega tiene que ser atendido, le guste o no a Vox. Y tenerlos dentro de naves por muy acondicionadas que se pinten o encerrados en hostales no es la mejor manera de afrontar una situación que ha desbordado las previsiones y a la que no se le ha dado la pronta solución que se debía.
Llevamos prácticamente un año hablando de lo mismo, sin que todavía se haya cerrado un sistema de acogida que merezca la respuesta unánime de todas las administraciones.
Veremos qué sucede el jueves, cómo termina de abordarse esta situación. Será la consecuencia de una gestión mala, en la que quienes debían dar ejemplo han mostrado la peor de las caras en torno a eso que se denomina solidaridad.
