{jaimage crop="TC" /}El Gobierno y la oposición discutieron ayer sobre el resultado de la liquidación del presupuesto del año pasado que mientras para el ejecutivo de Juan Vivas era de algo más de tres millones, en el caso de Caballas por boca de Juan Luis Aróstegui, había existido un déficit de más de siete millones de euros.
El mismo consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez, se ofreció a enseñarle de manera personal a Aróstegui, en presencia o no del interventor, según deseara, toda la documentación necesaria, mientras que el portavoz de Caballas en materia económica reflejó que tenía en su poder un documento con esas cifras que estaba firmado por el presidente y por el interventor de Fondos.
La mencionada discusión se produjo en la presentación de los dos primeros expedientes de créditos del presente año, donde las cifras más importantes se situaban en uno de casi nueve millones de euros que servirá a través de una crédito bancario para pagar sentencias judiciales de determinadas facturas que estaban pendientes de abono por parte del equipo de gobierno.
El consejero de Hacienda indicó que la situación económica es complicada para todas las administraciones y que desde el año 2007 vienen reduciéndose aportaciones por parte de la Administración General del Estado, “y nosotros no somos una burbuja económica entre el Atlántico y el Mediterráneo donde nada nos afecta. Incluso, el dinero que gastamos no les debe parecer muy mal a los ceutíes que hace unos meses le han vuelto a dar un apoyo claro al PP. Vamos cumpliendo con nuestras obligaciones”.
Negó en todo momento que esas demandas en los Juzgados sean buscadas por el Gobierno autonómico para dilatar el pago de las facturas de proveedores, “sino que existen determinadas visiones por parte de la Administración autonómica que no son asumidas por determinadas empresas”.
Las comunicaciones especiales a la oposición de algunos expedientes
Una fórmula que hasta ahora se venía empleando para dar publicidad a los expedientes de modificación de crédito provocó que la secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla, tuviera que intervenir en la jornada de ayer después de haber realizado un informe. Normalmente para la realización de un expediente de modificación de crédito no solamente debe publicarse en el BOCCE para que se inicie el período de alegaciones, sino que además la oposición ha de tener una comunicación directa. Ello provocó que para Caballas se estuviera incumpliendo el reglamento. Sin embargo, la secretaria general aunque le dio la razón al primer partido de la oposición por este defecto de forma, también indicó que la tramitación del mismo se podía aprobar porque no era ilegal. El propio Vivas pidió que a partir de ahora se tuviera en cuenta estos extremos para que no volviera a suceder la falta de esa comunicación especial a la oposición.
Márquez y Aróstegui monopolizaron los debates económicos
Todas las cuestiones económicas estuvieron salpicadas en la jornada de ayer de enfrentamientos entre Márquez y Aróstegui.
Desde el primer punto del orden del día nos encontramos las críticas de Caballas a la propuesta del Gobierno de cambiar los estatutos de Servicios Tributarios. Tras la dimisión de Márquez, hacía falta ese cambio en los estatutos para que ese puesto pueda ser ocupado por un viceconsejero, en este caso el de Hacienda, Manuel Carlos Blasco.
Las acusaciones de Aróstegui se centraban en que el cambio se hacía por una cuestión personal de Márquez al ser diputado en el Congreso, y que con la nueva fórmula podía ser nombrado cualquier persona fuera del área de Hacienda, circunstancia que le negó haciéndose saber el consejero que se sabía muy bien que el viceconsejero del área era quien iba a llevar a partir de ahora Servicios Tributarios. También el portavoz del PSOE, José Antonio Carracao, vino a decir que el cambio de los estatutos era por una cuestión personal.
Asimismo, en otro tema como la presentación de la Cuenta General de la Ciudad del año 2009, el consejero de Hacienda reconoció que se había presentado con retraso al pleno, pero que se había debido tal y como reconocían los técnicos a la acomodación a las nuevas normas que entraron en vigor. Aróstegui les acusó de hacer traído ese expediente con un año y medio de retraso al pleno.
