La Ciudad Autónoma y el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta deberán verse las caras en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 en un acto de conciliación para ver si el presidente de esta entidad, Mustafa Mohamed, se retracta de las afirmaciones incluidas en un escrito dirigido a la Inspección de Trabajo en las que la FAMPA asegura que el Gobierno ceutí “condicionó” la concesión de su subvención anual a que se accediese “a mantener en su plantilla a parte del personal de conserjería-vigilancia” de los colegios.
La situación laboral de dichos trabajadores motivó, este verano, el levantamiento de un acta de infracción “por una presunta cesión ilegal de trabajadores entre la FAMPA y varios centros escolares dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia”.
Por tal hecho, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad autónoma propuso la imposición de una sanción de 6.25 euros a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.
El 30 de agosto, la representación letrada de la FAMPA hizo llegar a la Inspección un escrito para “dejar sin efecto la sanción propuesta”, texto en base a cuyo contenido el letrado de la Ciudad Autónoma amenaza con una querella por injurias o calumnias a Mohamed si no se aviene a rectificar en sede judicial.
Los Servicios Jurídicos de la Ciudad consideran que en su misiva la Federación “vierte unas acusaciones que entendemos tienen encaje en los delitos de injurias y/o calumnias”, según la documentación a la que ha tenido acceso ‘El Faro’.
Entre otras aseveraciones, el texto de la FAMPA recuerda que ésta “se halla prácticamente financiada en su totalidad por la Ciudad Autónoma de Ceuta, que incluso le cede los locales donde realizan sus actividades organizativas, no poseyendo en definitiva patrimonio propio alguno”.
La “presión” de la Ciudad
En sus alegaciones, la Federación destaca que “la situación reflejada en el Acta de la Inspección de Trabajo nace como consecuencia de la falta de personal advertida hace ya varios años para atender la guarda y conserjería de determinados centros escolares cuya gestión le corresponde por Convenio a la Ciudad Autónoma”.
A renglón seguido, la FAMPA denuncia que “en lugar de proceder a la contratación directa de ese personal, la Ciudad condiciona la subvención anual a la Federación a que ésta acceda a mantener en su plantilla a parte del personal necesario para realizar esas funciones conocedora de la absoluta dependencia económica de esta organización con respecto a la misma”.
La Ciudad reclama a Mohamed que “reconozca la inveracidad” de tales afirmaciones o, en su caso, “identifique a quienes han presionado a la FAMPA en ese sentido”.
“Se nos presiona so pena de desaparecer”
En su escrito de descarga a Trabajo, el presidente de la FAMPA, Mustafa Mohamed, asegura que la Federación “en modo alguno ha propiciado” la contratación de conserjes-vigilantes que la Inspección considera una cesión ilegal de trabajadores y alega que “en todo caso hemos sido sujetos pasivos de las presiones recibidas por parte de la Ciudad Autónoma, que nos conminaba a acceder a esta situación so pena de desaparecer como entidad”. “La FAMPA”, añade, “no tiene más remedio que acceder a sus pretensiones en cuanto a las contrataciones de los conserjes si quiere seguir recibiendo su subvención anual para así seguir realizando su actividad asociativa de representación de las familias de alumnos en los Consejos Escolares”. Para terminar, la FAMPA avisa de que “en el supuesto de que prosperara la sanción, tal situación nos abocaría al cierre y con ello a la desaparición del puesto de trabajo de la empleada que actualmente gestiona la administración de la Federación, que resulta absolutamente indispensable para el mantenimiento de nuestra actividad asociativa”.
