La incongruencia y la imprevisión se dan la mano en materia de contaminación acústica. Justo cuando el pleno de la Asamblea aprueba una ordenanza para luchar contra el ruido y se ve obligada a acatar la primera sentencia en firme del TSJA que hace prevalecer los derechos del ciudadano sobre los de los empresarios, la Policía Local se queda sin medios para poder, sencillamente, medir ese ruido.
¿La causa? Que alguien no ha hecho su trabajo y no ha enviado los sonómetros a revisión en el tiempo establecido, así que, pasados de fecha, ahora se encuentran en revisión en el Centro de Metrología Español (CEM) de Madrid. Así permanecerán, según estimaciones oficiales, alrededor de dos meses.
¿Está situación en qué se traduce? En que si usted quiere denunciar un caso de contaminación acústica, vendrá la Policía Local y podrá atenderle todo lo amablemente que usted quiera, pero será incapaz de interponer una denuncia que sea válida para que luego exista una sanción por parte de Medio Ambiente.
La falta de medios impide a los agentes que hagan las medidas desde hace aproximadamente un mes y en esta situación se estará al menos durante los próximos dos meses.
Si ya de por sí esto es grave, más lo es el hecho de que hoy por hoy la falta de estructuración policial y adecuada organización hace que el equipo dedicada a estos menesteres esté completamente desmembrado. Siempre falta gente en el turno y los agentes que deberían estar realizando estas tareas son dirigidos a otros menesteres, así que la acción política vendida no comulga con una infraestructura adecuada para hacer frente a este tipo de situaciones.
Hoy por hoy es imposible poder tramitar una denuncia por contaminación acústica aunque se hayan dispuesto límites en una ordenanza plenaria.
La polémica de las mediciones
En materia de control de ruido siempre ha existido polémica, ya que nunca ha existido una especial atención por conocer la ley para, por ejemplo, disponer de los sonómetros adecuados y homologados para efectuar las mediciones. Así hemos pasado de tener a policías haciendo el paripé con sonómetros cuyos resultados no tenían validez jurídica, tal y como denunció Ascorce, a simplemente no tenerlos porque o están estropeados o están en revisión después de haber perdido el tiempo de la cita.
