A pesar de hacer todos el mismo trabajo, los funcionarios de carrera cobran este incentivo, mientras que los interinos y los laborales no tienen reconocido ni éste ni otros
El equipo de Medio Abierto del Área de Menores reivindica igualdad en el cobro de varios pluses que perciben unos trabajadores sí y otros no.
Especialmente piden el plus de peligrosidad “para todos” los miembros del colectivo, ya que hasta ahora lo reciben sólo los funcionarios de carrera y no los interinos ni los laborales, por lo que consideran que estos últimos son víctimas de un agravio comparativo. Los funcionarios que ya cobran el plus se solidarizan con los que no lo disfrutan al entender que se trata de una injusticia.
Además del plus de peligrosidad, los trabajadores también solicitan los de manejo de terminal y toxicidad.
Esta es una larga reivindicación de los trabajadores del colectivo, quienes lo han solicitado primero mediante escritos al Área de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma y, al ser denegado, llevándolo a los tribunales. Los funcionarios lo consiguieron por vía judicial pero los interinos y laborales aún no lo han logrado.
La labor de este colectivo de trabajadores es ejecutar medidas judiciales alternativas al internamiento, como la libertad vigilada. Critican que trabajadores que hacen el mismo trabajo cobran el plus de peligrosidad y ellos no, produciéndose así un agravio comparativo y una vulneración del principio constitucional de igualdad. Así, lamentan que “no se cumple aquello de a igual trabajo, igual remuneración, sino que si estás fijo lo cobras y si no lo estás no”.
Además, realizan informes de incumplimiento de medidas a mayores de edad, “solicitando el Fiscal prisión por quebrantamiento de condena, donde los educadores se personan como denunciantes y/o testigos en el juicio”, recoge un escrito enviado por un trabajador a Recursos Humanos. “Estamos en la sala de espera con todos los amigos y familiares del acusado, y en algunos casos el Fiscal le pide tres años de prisión. A ver si eso no es peligrosidad”, añaden. También dicen que se han encontrado en ocasiones con situaciones en las que los jóvenes les han recriminado que son ellos los que los han enviado a prisión.
En cuanto a los escritos enviados a la administración local, los trabajadores indicaron que no perciben ninguno de los tres pluses indicados a pesar de que su trabajo es de “atención al público, exclusivamente con menores y/o jóvenes –de hasta 23 años– infractores que han cometido desde faltas a delitos muy graves como homicidios, delitos contra la salud pública, lesiones o atentados contra la autoridad”, además de realizar visitas domiciliarias a barriadas “altamente conflictivas y marginales y, por tanto, de contacto directo con personas en situación de exclusión social y de alto riesgo sanitario”. En una conversación con este medio, lamentan que deambulan por “barrios marginales sin escolta policial”.
En esta línea, recuerdan que se les exige emitir escritos, comparecencias, citaciones y elaborar programas educativos, informes de seguimiento, de incidencias y finales, dirigidos a distintos organismos, “teniendo incluso un ordenador asignado a tal efecto”. Aseguran que sale al día un escrito por educador.
La presión a la que están sometidos estos trabajadores también lo refleja el vehículo que utilizan, “el más caro del Ayuntamiento”, dicen, ya que “hay que cambiarle una rueda al mes y los dos espejos cada dos por tres”.
La administración les ha negado el derecho a percibir el plus argumentando que ya aparece desglosado en su incentivo laboral, algo que desmienten los trabajadores. Además, lamentan que Recursos Humanos “desestima” todas las propuestas realizadas por estos trabajadores.
En los últimos días, el vigilante que realiza su labor en las dependencias de Medio Abierto, sitas en Santos Vilela, ha encontrado varias armas blancas en lugares como las ventanas. Cuchillos de grandes dimensiones o navajas que han aparecido y que los trabajadores no saben si los jóvenes los llevaban cuando fueron atendidos por ellos.
Los empleados de este equipo han sufrido además amenazas y agresiones verbales, y aún recuerdan cuando incendiaron las dependencias del Polígono Virgen de África, utilizadas anteriormente. Dicen que son víctimas de una gran tensión que a la mayoría les ha llevado a sufrir ansiedad y estrés laboral, lo que les ha obligado a estar medicados.
Estos trabajadores cuentan, además, con un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la administración local que indica que la presencia de usuarios con problemas en la conducta origina la existencia de agresión en el centro, que “la interacción con menores en régimen de vigilancia presume la exposición a conductas disruptivas, inadaptables y poco deseables”, que las agresiones verbales y físicas están “potencialmente presentes en la tarea que desarrolla el trabajador” y además que dicho riesgo “no está controlado”.
Los trabajadores aseguran que seguirán reivindicando el cobro de estos pluses, cuyas cantidades son de 128,74 euros por el de manejo de terminal, 48,98 por peligrosidad y 14,39 por toxicidad, además de que se les abone los atrasos que legalmente le correspondan por el tiempo trabajado.
El equipo de Medio Abierto instan tanto a la consejera de Menores, Susana Román, como al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a que tomen las medidas “oportunas y justas” para solucionar su problema.
