Desde el inicio de la crisis se ha producido una drástica reducción en las horas extraordinarias en la Ciudad Autónoma, con una reducción de más del cincuenta por ciento.
Una de las principales misiones del equipo de gobierno para este presupuesto, al igual que ya lo ejecutó en anteriores ediciones era la congelación en lo máximo del capítulo primero, el dedicado a personal y que supone más de un tercio del gasto total cada ejercicio económico.
Para este próximo año, el descenso en el capítulo de ingreso supone algo más de un euro, aunque en la drástica realidad existe un incremento cercano a los dos puntos, debido a que se ha seguido una recomendación del Tribunal de Cuentas y se han incorporado al presupuesto consolidado (el de la Ciudad más el de las sociedades y organismos autónomos) las sociedades como Puerta de África y Parque Marítimo del Mediterráneo.
Precisamente, esta política de contención se manifiesta por un lado con ese recorte importante en las horas extraordinarias, la congelación de las plantillas y la necesidad de autorización expresa por el Consejo de Gobierno para llevar a cabo nuevas contrataciones de personal. Como muy bien se decía en la propia memoria del presidente de la Ciudad Autónoma, es una contención del gasto como condición indispensable para el mantenimiento del empleo público.
Siguiendo las cifras nos encontramos por un lado con que en el año 2008 en el período de enero a octubre que es el evaluado, el gasto en horas extraordinarias era algo superior a los ochocientos seis mil euros, se produjo un incremento en 2009 que se fue hasta casi los ochocientos cincuenta mil. Para el dos mil diez se produjo una contracción de cien mil euros quedándose en setecientos cincuenta y tres mil, mientras que en dos mil once ya se ha quedado en trescientos sesenta y tres mil.
Y tampoco se puede olvidar que se ha iniciado el trabajo dirigido por una comisión para analizar y revisar la estructura funcional y administrativa de la Ciudad, incluyendo los organismos autónomos y sociedades mercantiles. Con la puesta en marcha de esta acción se pretende mejorar los niveles de eficacia, evitar duplicidades, optimizar recursos, racionalizar medios, aliviar la estructura de funcionamiento, homogeneizar el régimen retributivo, primar los servicios básicos y procurar la estabilidad en el empleo.
