La denuncia hecha pública a través de ‘El Faro’ por la Asociación Unificada de Guardias Civiles en torno a la entrada de menores marroquíes para ingresar en el centro de ‘La Esperanza’ sin que realmente se trate de niños desamparados no ha pasado desapercibida para el Ministerio Fiscal. De hecho, tras tener conocimiento de los datos que apunta la AUGC, se ha abierto la oportuna investigación para indagar sobre este asunto. Así, esta misma semana, se ha comenzado con la toma de declaraciones para ponerse a trabajar sobre lo que sería una práctica fraudulenta, un uso indebido de los recursos de atención social que está prestando la Ciudad Autónoma para acoger a menores desamparados.
Tal y como recogió este medio en su edición del domingo 6 de noviembre, AUGC apunta sus sospechas de que varios menores que se encuentran en ‘La Esperanza’ tienen contacto con sus familias en Castillejos. La asociación mantiene que acceden a territorio ceutí con sus respectivos pasaportes que son sacados con autorización paterna, después de pasar éstos se los llevan; cuando el menor quiere volver el padre trae el pasaporte y regresa sin problemas al país. Pero esto no es algo que sólo defienda la asociación, que ya ha trasladado sus conocimientos a Fiscalía. El propio candidato a diputado por el PP, Francisco Márquez, apuntaba en plena campaña al fraude de ley que estaría cometiéndose, y la propia Junta de Andalucía ya habría iniciado investigaciones descubriendo varios casos de falsos desamparados.
En el caso de Ceuta la Fiscalía ya se ha puesto manos a la obra, confirmando la apertura de una investigación para esclarecer qué está sucediendo.
La propia consejera responsable del área de Menores, Susana Román, apuntaba en declaraciones a este medio la imposibilidad de que la Ciudad presente una denuncia en estos términos ya que se carece de pruebas, aunque sí reconoció la existencia de sospechas en torno a menores que mantienen relaciones con familiares en la propia ciudad o en el vecino Castillejos.
Sin ir más lejos, durante la pasada celebración de la Pascua del Sacrificio, se registraron cinco bajas de menores que normalmente acuden al centro de acogida pero que en ese concreto día faltaron. ¿Por qué? Sospechas hay muchas: se cree que estaban con sus familias cuando supuestamente se trata de menores desamparados que al no poder localizarse a sus padres o tutores es la Ciudad Autónoma la que termina tutelándolos por ley.
El problema está cuando se confunde esa tutela con un centro de pago. La Junta de Andalucía, avalada en sus tesis por el Defensor del Pueblo, ya ha advertido de que no tolerará estas situaciones. Su postura ha marcado un paso adelante que, aquí en Ceuta, lo ha seguido, al menos, la AUGC. Ahora Fiscalía está investigando qué hay detrás de toda esta situación.
