Entre las voces discordantes que empiezan ya a aparecer en contra de las leyes de menores, ayer se hizo visible la del Partido Popular.
En plena campaña, el candidato al Congreso de los Diputados del PP, Francisco Márquez, denunciaba ayer que “nuestra Ciudad no puede continuar sufriendo ese fraude de ley que supone que muchos de los menores no acompañados que están acogidos en centros oficiales se sabe, a ciencia cierta, que no tienen esa consideración y que sus familias residen en Marruecos”, avanzó a los medios.
Dentro del programa del Partido Popular se recoge, recordó Márquez, una propuesta para hacer una legislación específica sobre los MENA, que “es un problema que se está produciendo en muchas comunidades españolas y donde Ceuta y Melilla no iban a ser una excepción”.
Destacó que en esa legislación específica sobre los MENA no solamente se iba a establecer una protección sobre los mismos y sus derechos, sino que también se pondría encima de la mesa su repatriación a los países de origen cuando exista la mencionada posibilidad.
Respecto a la problemática de la inmigración en general, el candidato Márquez indicó que desde el partido se apoya el olvidar los tiempos de “papeles para todos” y que dicho fenómeno migratorio debe ser reglado adherido a los contratos de trabajo como sucede en los restos de los países europeos.
Lo que ahora defiende el PP en campaña tiene mucho que ver con el sentir de la Ciudad. La semana pasada era la propia consejera responsable del ramo, Susana Román, la que reconocía esta situación pero advertía, de igual manera, la imposibilidad de localizar a los padres de estos MENA. De hecho, ante la falta de pruebas y con sólo indicios en la mano, no se ha presentado denuncia alguna ante Fiscalía. La Ciudad sospecha de las vinculaciones de algunos menores con sus familias, pero no dispone de los medios suficientes como para abrir una investigación y localizar a los padres que estarían incurriendo en un delito de abandono.
Más allá de Ceuta y Melilla, el problema se extiende a toda la geografía española. Hasta los centros de acogida del País Vasco están saturados. La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha sido la primera en reabrir este debate y romper una lanza a favor de la denuncia de las instituciones españolas ante lo que es una desconsideración no investigada por Marruecos que dispone así de centros gratis para mantener a los menores dejados interesadamente por sus padres.
Navarro ha denunciado a seis familias marroquíes por “abandono” de sus hijos menores en centros de acogida de Andalucía, tras constatar que se trataba de niños procedentes de entornos familiares “absolutamente normales” y con recursos económicos suficientes para mantenerlos.
A finales de 2009 la Junta denunció a una familia por enviar a la comunidad andaluza, en principio, a una de sus hijas y, posteriormente, a tres de sus hermanos, haciéndolos pasar como desamparados, circunstancia ésta que motivó que fueran acogidos en centros de menores.
Una vez que la Administración comprobó, a través de los propios testimonios de los jóvenes, que sus padres gozaban de una situación socio-económica “normal”, que mantenían el contacto con ellos de forma fluida y que incluso les visitaban en verano, decidió presentar una denuncia por “abandono familiar” y en la que se reclamaba también la manutención de los menores durante los años de acogimiento.
La Ciudad ve con buenos ojos el paso dado por Andalucía y advierte que denuncias de este tipo no hacen sino trasladar la problemática al área puramente policial, forzando así que desde el Ministerio de Interior se impliquen en la facilitación de medios para comprobar que los abandonos de MENAs son, en algunos de los casos, falsos.
España tiene normas distintas a países europeos
A un menor no se le puede repatriar según la normativa española ni tampoco expulsar, tan sólo habrá que investigar para conseguir una reagrupación familiar después de que sus padres sean localizados, identificados y se les devuelva así a su pupilo. Pero lo que pasa en España no se estila en otros países también europeos que, se supone, deben cumplir las mismas normas y las mismas referencias incluidas en declaraciones comunes como la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño. Es el caso del Reino Unido o Alemania, que establecieron declaraciones adicionales o reservas a la Convención. O Francia que les detiene y expulsa. Mientras en España el número de repatriaciones llevadas a cabo han sido escasas. En Andalucía desde 2003 no se ha llevado a cabo ninguna "reagrupación familiar", y todos los menores que acoge están tutelados por la Junta. En Ceuta nunca se ha conseguido una reagrupación y la falta de un consulado hace que esta sea inviable. ‘El Faro’ hizo la prueba de llamar al Consulado de Marruecos en Algeciras para cuestionar sobre la posibilidad de reagrupar a MENAs de Ceuta trasladándolos a Algeciras y de ahí a Marruecos a través de las gestiones del consulado. La respuesta fue clara: no se admiten menores procedentes de Ceuta ni de Melilla porque, sencillamente, Marruecos no reconoce su españolidad.
