Hay ocasiones en las que la propia administración se convierte en un auténtico muro de hormigón incapaz de reaccionar ante las meteduras de pata en las que incurre. Buscar al culpable de un desaguisado se convierte en labor imposible y al final el ciudadano al que se han pisoteado sus derechos termina siendo el pagano. Y eso, precisamente, es lo que sucedió ayer. El ciudadano con sus derecho anulados tiene un nombre, al menos en esta historia: se llama Juan Martín, el popular empresario de los Viveros ubicados en Benítez.
Martín, como el resto de comerciantes que se dedican a la venta de flores, habían abonado una tasa (poco más de 80 euros) por disponer de un módulo para poder vender flores a las puertas del cementerio, con motivo de la festividad de Todos los Santos. A Martín le correspondía el módulo número 5, ubicado justo en la esquina de la hilera de casetas que permitía colocar la Ciudad. Lo que no pensaba Martín es que ayer llegaría a Santa Catalina, con su vehículo cargado hasta los topes de flores, y se toparía con que el módulo número 5 sencillamente no existía. ¿Por qué? A Sanidad le habían informado que sólo habría cuatro módulos, mientras que Vías y Obras había previsto cinco, y de hecho, se había cobrado la tasa por cada uno de ellos. Uno por otro, nadie se veía capaz de dar una pronta solución al problema, así que Juan, habituado a lidiar en más de una ocasión con el Ayuntamiento, tomó la sartén del mango y se colocó, con sus flores, a la fresca, justo enfrente de los módulos.
Ahora viene la segunda parte de la historia. Mientras las áreas políticas que no se habían puesto de acuerdo buscaban soluciones, entraba en escena la Policía Local. ¿Cómo? Ordenándole al empresario Juan que se retirara del lugar porque estaba ocupando la vía pública. El empresario que replicaba que no lo hacía intencionadamente sino porque la Ciudad se había olvidado de su módulo que él había pegado chocaba contra un muro. ¿Y qué pasó? Que la Policía terminó llevándose las flores de Juan en un furgón de la UIR, dejando al empresario sin módulo y, ahora, sin flores. De recuerdo le dejó dos multas: una por ocupar la vía pública y otra por desobediencia.
¿Termina ahí la historia? Ni mucho menos. Con el empresario encargando ya a su abogado la oportuna denuncia, la Ciudad se dio cuenta del error cometido y empezó a mover fichas para arreglar el desaguisado. Ya por la tarde, Juan tenía el módulo colocado en el lugar por el que religiosamente había pagado. Pero esta vez, claro está, sin flores porque la UIR se las había llevado e instaba al afectado a ir por su propia cuenta al cuartel a recogerlas. El ciudadano y sus derechos anulados busca ahora en la justicia el apoyo que quedó perdido en un ejemplo de cómo la administración, a pesar de reconocer sus errores, termina ganando hasta la más injusta de las batallas.
