Efectivos de la Policía Nacional destinados en la frontera del Tarajal detenían el pasado julio a un ciudadano marroquí con residencia en Italia al que le constaba una requisitoria judicial por homicidio.
Los intentos de su abogado por evitar la entrega a su país no han resultado exitosos. Ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto de entrega dictado el pasado 15 de julio, desestimando el recurso presentado para evitarlo.
El protagonista de este caso es un marroquí natural de Bni Bouchibet de 52 años, condenado a prisión por un intento de homicidio, lesiones graves y pertenencia a organización delictiva.
De los 7 años de condena dictados por la justicia italiana le quedaban por cumplir 6 años y 2 meses, orden sin ejecutar al no ser localizado en Italia.
Una alerta a su paso por la frontera del Tarajal dio el vuelco a ese incumplimiento.
La Policía pudo verificar que le constaba una Búsqueda, Detención y Extradición cuando cruzaba el paso en su coche.
En el momento de solicitarle su documentación y de verificar los datos del mismo, se tuvo conocimiento de la requisitoria.
Encarcelado, de momento, en la prisión de Mendizábal, los intentos por evitar su extradición no han servido.
De acuerdo con el auto judicial a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, la resolución de entrega está ajustada a derecho.
Su Defensa argumentaba que su patrocinado no estuvo presente en el juicio en el que se le condenó. Si bien esto es cierto, la Audiencia Nacional señala que estuvo representado en ausencia por un abogado y por tanto supo de esa condena, era consciente de que debía entrar en la cárcel pero optó por evitarla.
Y así fue hasta que su identidad provocó la alerta roja en el paso fronterizo.
No se presentó recurso contra la condena
En la resolución se indica que no se presentó recurso contra esa condena ni tampoco se pidió la repetición de la vista. Así que se tendrá que proceder a su entrega a Italia.
Los policías destacados en el Tarajal actuaron conforme al protocolo, se pusieron en contacto con la Oficina Sirene (Solicitud de Información Complementaria a la Entrada Nacional) para así poder comprobar la vigencia de la misma procediendo a su arresto.
El periplo de este condenado termina en España, siendo ejemplo de la efectividad de unos filtros fronterizos que funcionan incluso contra quienes quieren huir de su condena.
