El Tribunal de Cuentas ha emitido un dictamen donde se obliga a la empresa Obimasa a devolver casi doce mil euros por una serie de conceptos cobrados por parte de funcionarios municipales que no se encuentran justificados.
Este conflicto se produce a partir de una denuncia que presentó en el año 2009 el secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Aróstegui, quien consideraba en nombre de su sindicato que los abonos hechos al interventor de Fondos y a la secretaria del Consejo de Administración de la sociedad no eran adecuados en algunos de sus aspectos.
La tesis mantenida por el sindicato era de que estos dos funcionarios municipales o en quienes delegaran para la asistencia a los Consejos de Administración podían perfectamente cobrar una indemnización por asesorar a los integrantes de ese órgano, pero que no podía convertirse en una cantidad mensual aún cuando no se celebraran los citados Consejos de Administración.
En líneas generales la tesis defendida en la denuncia de Comisiones Obreras ha sido reconocida por el Tribunal de Cuentas en un acto celebrado en su sede en Madrid y una vez que han revisado toda la documentación presentada, han comprodado el número de reuniones del Consejo de Administración que se han celebrado y han llegado a la conclusión de que se han abonado de manera no muy legal esos doce mil euros que ahora deberán ser devueltos a las arcas de la sociedad.
Esta práctica comenzó a realizarse en el año 2001 y de momento Comisiones Obreras nada más que ha llevado al Tribunal de Cuentas el caso de este sociedad municipal concretamente.
