En esta historia alguien miente y no son precisamente los vecinos del Príncipe. Ellos son los que tienen que bajarse del autobús fuera del barrio a pesar de que la delegada del Gobierno dice que la UIP vigila la línea 8 para que se cumpla el servicio. No es verdad, ni aunque lo diga la máxima representante del Gobierno de España en Ceuta ni aunque lo ‘venda’ la Jefatura Superior.
Se lo pueden decir a todos los residentes del barrio, el mismo que el PSOE conoce al milímetro después de haber invertido tardes y tardes en buscar votos para su campaña. A buen seguro que los mismos a los que se pedía el apoyo en aquellos tiempos en los que la cumbia socialista no entendía de expedientes, ni de puñaladas traperas, ni de comidas bien servidas para el señor Rodríguez Zapatero responderán con fundamento.
Se está culpando a toda una barriada por un hecho concreto en un gesto que debería ser motivo de denuncia en los juzgados. Los vecinos del Príncipe pagan por un servicio y deben recibirlo al completo, no les tienen que dejar fuera del barrio porque la administración sea incapaz de garantizar la cobertura de seguridad necesaria para resolver este problema.
Pero sucede, se leen cuatro protestas en los medios de comunicación y todo sigue igual en este mundo en el que reina la incapacidad más absoluta.
Ahora pueden saltar los hooligans del sofá para pulsar su mensajito fácil en Facebook con el que decir que los vecinos saben quiénes tiran piedras buscando así justificar lo que está pasando. Es la conclusión facilona y cobarde para tapar la auténtica tropelía que se está cometiendo disfrazada además de falsedades oficiales para que la ciudadanía se crea lo que no sucede. Y no pasa nada, ya cuando lleguen las elecciones que suban de nuevo al Príncipe, que suban.
