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Urbaser ya planteó la misma reivindicación en su momento y previsiblemente se volverá a rechazar
La adjudicataria actual del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos, Trace, ha remitido un escrito a la Ciudad Autónoma reclamando que se haga cargo del coste de las mejoras incorporadas en el Convenio Colectivo del sector bajo el argumento de que no se trata de uno de empresa sino que aparece rubricado desde el lado de la patronal por la “Asociaciones de empresarios del sector de limpieza pública viaria”.
No es la primera vez que los técnicos de la Administración autonómica hacen frente a una reclamación parecida, ya que Urbaser, que abandonó el servicio hace ya casi cinco años, planteó una solicitud similar. Previsiblemente su respuesta será la misma, desestimatoria.
Ahora, según las fuentes consultadas por este periódico, el montante anual de la petición de la concesionaria se sitúa en el entorno de los 300.000 euros.
El Convenio entró en vigor el pasado mes de juno, aunque sus efectos económicos se retrotraen al día 1 de enero de 2016 salvo en aquellos artículos en los que expresamente se cita una vigencia distinta. La duración del mismo se extiende hasta el 31 de diciembre de este año.
En sus cláusulas salariales se recoge un incremento nulo de las retribuciones para el año pasado “menos en el Plus de Transporte un 50% desde el 1 de enero de 2016” y de un 1% “en todos los conceptos retributivos y pluses” para el ejercicio en curso. Literalmente recoge que “los incrementos económicos para ejercicios sucesivos deberán ser objeto de negociación expresa”.
En el Convenio se establece un Plus de Transporte en la cuantía de 154,96 euros por once mensualidades para todos los trabajadores afectados por el texto.
El importe del salario base oscila entre 1.519 y 891 euros a los que se debe sumar el plus de residencia (entre 410 y 240 euros), el de Convenio (135,68), el de Transporte (142,53), el de compensación (66,45), el de penosidad (que va de un máximo de 208, 34 a un mínimo de 183,15), el de nocturnidad (en su caso, de alrededor de 200 euros), la gratificación de San Martín (equivalente al sueldo base) y la bolsa de vacaciones (202,42 euros, siempre según la tabla salarial publicada en el BOCCE).
Jamás por pactos “suscritos por el adjudicatario”
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del servicio encomendado a Trace establece que cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración compensará o repercutirá, según el caso, al contratista “de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación de la concesión” y que “la revisión de precios de los costes de la mano de obra que opere en cada ejercicio, no podrán vincularse en ningún caso a los incrementos que puedan derivarse de los convenios colectivos suscritos por el adjudicatario”.
Por norma, revisión de precios según lo establecido en los Pliegos
Las solicitudes de “repercusión en el precio del contrato por revisión de precios de incrementos de costes derivados de convenios colectivos de trabajo” por parte de concesionarias de servicios de limpieza pública no son una ‘rara avis’ en España.
Según resoluciones de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña, “la adecuación del precio del contrato durante su ejecución a la realidad del mercado se tiene que efectuar, ordinariamente, por el sistema de la revisión de precios que se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de acuerdo con las previsiones de la legislación de contratos”.
En este caso dicho documento prevé que “la revisión de precios de los costes de la mano de obra que opere en cada ejercicio, no podrán vincularse en ningún caso a los incrementos que puedan derivarse de los convenios colectivos suscritos por el adjudicatario”.
El meollo del asunto parece radicar en si el Convenio lo firmó Trace o esa “Asociación de Empresarios del sector de limpieza pública viaria” que de forma literal aparece como contraparte. Trace también argumenta que la Ciudad Autónoma, en concreto el presidente, jugó un papel activo para conducir a buen puerto las negociaciones que derivaron en mejoras retributivas.
