Lo volveremos a hacer

El título arriba indicado es lema que utilizan los independentistas catalanes para asustarnos al resto de españoles con que volverán a declarar la independencia unilateral de Cataluña, como tan burdamente hicieron el “1-O” de 2017 y que han venido proclamando ya hasta cinco veces infructuosamente, cuya intentona golpista la vienen reiterando desde hace 307 años, por primera vez, cuando el 29-06-1707 el rey Felipe V aboliera los llamados Decretos de Nueva Planta, que anularon las leyes y las instituciones de los antiguos reinos de Valencia, Aragón y Baleares. Si, al menos acertaran alguna vez, nos ahorrarían más de un susto.

Y, de nuevo vienen ahora la CUP y Junts pel Sí de Cataluña y se despachan con que quieren otra vez independizarse de España. No escarmientan, siguen erre que erre y llevan ya más de 300 años machacándonos con hasta cinco golpes de estado que ya han intentado darnos, todos frustrados. ¿Se puede ser tan torpe con tantos desaciertos en ese mismo empeño?.

Ahora, el último intento que se proponen llevar a cabo los secesionistas, no es del todo pacífico, habida cuenta de que su tramitación ha prosperado con el voto a favor sólo de Junts y la abstención de ERC, pero Ciudadanos y la Mesa han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía, si la Mesa no rectifica. La propuesta ha sido registrada y admitida a trámite mediante su presentación por una llamada Iniciativa Catalana per la Independencia (ICI), a la que los letrados de la Cámara catalana han advertido que su proyecto es una reproducción fiel de lo que se pedía en el referéndum ilegal de del “1-0” de 2017 y en las llamadas leyes ilegales de desconexión.

Pues, en mi condición de jurista, que invoco sólo a efectos de que se me reconozca aunque sólo sea la mínima cualificación exponencial, considero la nueva intentona completamente inconstitucional, basándose en la falacia argumental de los radicales secesionistas, que ahora presentan a España como un Estado “con tintes dictatoriales de los que es preciso escapar para garantizar la supervivencia”, de la que ellos llaman, la “nación catalana ocupada, y para conseguir la libertad y la plenitud nacional”, aseverando también, sin sonrojarse, que la Cataluña actual forma parte del Estado español, “no por libre elección, sino por miedo, por represión policial, mediática, militar o la impunidad del españolismo violento”.

Los proponentes defienden su proyecto de ley como «una oportunidad para enmendar el error de contemporizar con la ocupación de la “nación». Argumentan que, “es con la adaptación a esta situación la que acaba derivando en el ’esperpento’ de la política catalana de los últimos tiempos, que ha perdido toda credibilidad, y que conduce a la degradación de la democracia», añadiendo que lo hacen, “para criticar la apuesta de los principales partidos separatistas catalanes de negociar la celebración de un nuevo referéndum de independencia, en esta ocasión pactado”.

Dicen tener la esperanza de que alguno de los intentos de los catalanes coincida con el deseo de la ciudadanía con el compromiso y el valor de los políticos dirigentes, según exponen en el documento remitido por Solidaritat Catalana per la Independència y admitido a trámite por el órgano rector de la Cámara catalana, que dio el visto bueno a la tramitación del proyecto legislativo.

Añaden los proponentes que lo hacen con su posicionamiento para que la tramitación de la iniciativa siga su curso, lo que conduciría a Ciudadanos y Vox a denunciar ante la justicia a los miembros de la Cámara que facilitaron el ingreso de la norma en el Parlament, según estos últimos ya les advirtieron. En la exposición de motivos del proyecto legislativo que han redactado, utilizan un agresivo lenguaje, para contradecir que la reconciliación pregonada por el PSOE para defender la amnistía sea ya indiscutible en Cataluña. «El autonomismo condena al país a la extinción» - dicen - y que «la relación con España no es fruto de un acto entre iguales, sino de una situación de dominación»  así como que «la independencia de Cataluña es la única alternativa viable para la continuidad del proyecto nacional catalán que garantice el bienestar de los catalanes ante una España pétrea decidida a uniformizar las naciones no españolas y asimilarlas”, que recibió el beneplácito del partido liderado por el prófugo de la justicia, Puigdemont, mientras sus representantes negociaban.

Hasta aquí, lo expuesto por los separatistas. Y, ahora, yo, que nuca fui político y que intento comportarme con la moderación y la imparcialidad objetiva que creo me caracterizan, pero que, en mi mera condición de simple ciudadano, asumo la responsabilidad a que mi conciencia y mi sentido común moralmente me obligan, pues no puedo permanecer pasivo ante la flagrante aberración que considero que se puede volver a cometer si, como parece, dicha ICI insiste ahora en reavivar el rescoldo del trágico pasado de la intentona golpista de 2017.

Cataluña, jamás a lo largo de todos los anales de su historia fue nación. Ni siquiera en la época medieval, que existieron “reinos de taifa árabes”, la región catalana, no pasó nunca, de ser un mero condado dependiente del antiguo reino de Aragón, y no una supuesta “corona catalana-aragonesa”, como por los secesionistas se nos quiere hacer ver, pero que jamás ha existido en España.

Si se quiere analizar el pasado de Cataluña y buscar su encaje en su verdadera realidad histórica, habría que decir que la misma es una más de las regiones de España, cosmopolita, de renombre incluso internacional, con gente abierta a la cultura y al mundo exterior, que sus habitantes tienen fama de ser emprendedores, que en mi caso tanto admiro, y que cuenta con un amplio tejido industrial que, en la década 1960-1970 favoreció y promovió la mano de obra barata de unos 800.000 trabajadores originarios de otras muchas regiones, sobre todo, de Andalucía, Extremadura, Murcia, etc., que todos juntos, consiguieron hacer el llamado “milagro económico catalán”.

Pero, lo que es institucionalmente, nunca Cataluña fue reino, ni “nación”, ni Estado, ni tuvo soberanía y tampoco jamás fue sujeto de derecho internacional. Lo que sí hacen los secesionistas es poner por delante su afán desmedido en arrogarse una representación preponderante y antagónica que no tienen, porque la misma sólo alcanza al 29 % del censo electoral, pretendiendo reescribir una falsa historia catalana que ellos mismos se han inventado para intentar mantener viva lo que en realidad sólo es una minoritaria representación; con su siempre inconformista e insatisfactoria queja, de considerar a Cataluña insuficientemente financiada por creer que merece ser la región de España más privilegiada y favorecida por el Estado.

Aunque, en realidad, esa es la suerte que el presente le depara con una errática consideración, porque, ante sus exigencias como pago de los siete votos prestados por un fugado de la justicia para la gobernabilidad de la presente legislatura a tan alto, en tanto en cuanto, según los medios, se ha hecho a cambio de la condonación de una deuda pública contraída por los catalanes con el Estado desde hace décadas por importe de unos 15.000 millones de euros, que es dinero público de todos los españoles, más la concesión de otras muchas prerrogativas;, pues todo ello se ha llevado a cabo en claro detrimento de otras regiones y otros españoles, unas, más extensas, otras, con mayor población y, en otros casos, aun siendo regiones más pobres que están bastante más necesitadas.

"Pero, lo que es institucionalmente, nunca Cataluña fue reino, ni "nación", ni Estado, ni tuvo soberanía y tampoco jamás fue sujeto de derecho internacional"

Más, en ello, para nada se ha tenido en cuenta que el sistema impositivo que grava la renta y los ingresos de las personas físicas y de las personas jurídicas, es “progresivo” en nuestro sistema tributario; que significa que deben de pagar una mayor cuota en función también de la aplicación de un  tipo de gravamen más elevado, las personas y regiones que más ganen, por el principio de solidaridad entre todas, a fin de que se pueda compensar en sus justos términos a las regiones menos favorecidas. Y está fuera de toda duda que la región catalana disfruta de una renta “per cápita” de las más elevadas de España; luego, entonces, si además se le favorece y privilegia condonándole tan abultada millonada de todos los españoles, ello atenta contra los principios de solidaridad, justicia redistributiva y justicia social.

No se puede ni se debe pretender gozar de una financiación tan singularísima y tan a la “carta” como la que Cataluña varias veces ha pedido, en el sentido de que sus ingresos sean destinados exclusivamente para los catalanes, de modo que todo lo recaudado en ella, también se quede en ella, siendo destinada exclusivamente a los habitantes empadronados en la misma, toda vez que, ello constituiría una de las mayores injusticias financiera y tributaria, de manera que, así, España dejaría de ser el Estado social y de derecho que la Constitución proclama como uno de sus valores superiores.

El “España nos roba, nos expolia, nos agravia, nos exprime y nos oprime”, a modo de victimismo, está ya muy manido y les está dejando muy al descubierto.  Por ejemplo, dicen los secesionistas de la IPL que “son españoles a la fuerza”, y resulta que en el referéndum de la Constitución de 1978 votaron “sí” más del 90 %, siendo la segunda región de España en haberla aprobado con más votos. Luego, aseveran estar agraviados, porque se les obliga a hablar en castellano y no les dejan hacerlo en catalán; y eso es igual de inveraz que lo anterior, siendo precisamente los catalanes secesionistas los que quieren imponer a los hispanoparlantes su única lengua catalana, intentando que ni siquiera hablen el 25 % del castellano que tiene establecido el Tribunal Constitucional, que lo hablan en España 48 millones de habitantes, y en todo el mundo otros 496 millones. Pues, según se ha publicado en los medios, hasta en el recreo se vigila a los niños escolarizados para ver si hablan el catalán y a los profesores que no lo hablen y enseñen los despiden.

Se quejan los firmantes del documento de la impunidad del “españolismo violento”, cuando fue evidente, público y notorio, que los violentos durante el “1-0” contra la Policía y Guardia Civil fueron los separatistas, subiéndose encima de los vehículos oficiales, pateándolos y provocando graves desórdenes callejeros que llegaron incluso a formar barricadas, incendiando calles y rompiendo mobiliario público, hasta pretendiendo tomar por la fuerza el aeropuerto de Barcelona.

También se quejan de que la política catalana de los últimos tiempos está desacreditada y conduce a la degradación de la democracia. Y tal degradación es rigurosamente cierta, pero no en el sentido que los separatistas la presentan, porque la política y la democracia catalana están degradadas desde el momento en que en 2017 ellos dieron un golpe de Estado contra el orden legal establecido, atentando contra la Constitución y violentando el orden público contra la misma democracia. Eso sí que fue un “esperpento” de dimensiones incalculables.

Y, claro que eso debilita y degrada gravemente la democracia, hasta el punto de que. aquella Cataluña anterior, opulenta y económicamente solvente, desde entonces, ha pasado a tener que estar subvencionada por el Estado, porque, si no, hubiese tenido que ser declarada en quiebra total, sin ni siquiera poder haber hecho frente al mantenimiento de los servicios esenciales de atención y auxilio a los ciudadanos. Una prueba de ello, se tiene en que más de 800 empresas tuvieron que huir de Cataluña a otras regiones, a las que ahora se quiere recuperar incluso abonándoles subvenciones que las mismas lo rehúsan regresar. Desde entonces, Cataluña no ha vuelto ser la misma ni a levantar cabeza, habiendo perdido prestigio, crédito y confianza que el mundo antes del golpe en ella tenía depositado; prueba evidente de ello, se tiene en que ningún otro país ni potencia europea apoyó a los sublevados; porque, que una región atente con un golpe de estado contra el propio Estado del que forma parte, es un hecho gravísimo entre países mínimamente democráticos y civilizados, que en ningún otro país de Europa ocurre; eso es propio de países tercermundistas o con dictaduras.

¿Acaso pensaban los golpistas que esa sería la independencia que les traería el reconocimiento y el apoyo de España, Europa y el mundo?. ¿Esa iba a ser la democracia y la libertad que los separatistas catalanes querían imponer a más de la otra mitad de los catalanes pacíficos y constitucionalistas que no quisieron adherirse a la sublevación?