Los más de cien letrados de la ciudad autónoma que trabajan en el turno de oficio no lo cobran desde el pasado mes de octubre, la última mensualidad que han percibido, según ha explicado este miércoles la presidenta del Colegio de Abogados de Ceuta (COACE), Isabel Valriberas, que ha tildado de “sangrante” que el Ministerio de Justicia no haya resuelto un problema “que se repite cada año”.
“Según nos han explicado”, ha señalado Valriberas, “la administración necesita la publicación de una Orden Ministerial que habilite el abono del turno de oficio de los meses de noviembre y diciembre, que siempre se retrasa extraordinariamente”.
El Ministerio de Justicia realiza estos pagos, que no tienen la consideración administrativa de nóminas, cada treinta días (antes era semestral y posteriormente trimestral) y con dos meses de demora, plazo que se extiende en estas fechas hasta cinco, ya que lo habitual es que el abono de noviembre no se efectúe hasta marzo.
Valriberas prevé plantear este asunto este viernes en una reunión telemática que mantendrá con representantes del Consejo General de la Abogacía.
Los letrados perciben algo más de 81 euros por dar asistencia individualizada en el procedimiento penal general y unos 150 por el servicio de guardia de 24 horas, la mitad si se trata de un procedimiento de enjuiciamiento rápido.
Lo que se percibe
La compensación se eleva a 405 euros por un procedimiento con Tribunal del Jurado y a 360 si se trata de uno de especial complejidad. El penal general está tasado en 324,54 y los juicios de faltas no llegan a 100 euros. En la jurisdicción civil una vista ordinaria está cifrada en 320,87, según el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, aseguór en diciembre que incrementaría los baremos de los abogados del turno de oficio después de las fiestas navideñas después de que la Abogacía Española rechazase una actualización del 5%. Los profesionales reclaman que la subida se acerque a la evolución de la inflación desde 2018, que ronda el 20%.
En el caso de víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como en el de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, la asistencia jurídica gratuita incluye también el asesoramiento y la orientación en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia o querella.
En 2023 el Consejo de Ministros autorizó a principios de febrero la concesión de una subvención directa de 46.418.990 euros al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para sufragar los gastos de la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en el territorio de gestión directa del ministerio (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla).
