El Gobierno central debe implementar las medidas que ha prometido para sentar las bases de una estrategia de Estado digna de tal nombre en Ceuta como la que apuntó que se articularía a través del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de finales de 2022 y la apertura de una nueva etapa en las relaciones con Marruecos que el propio Sánchez presentó aquí con las ciudades autónomas como algunas de sus principales beneficiarias directas.
No es un desafío sencillo, pero el Ejecutivo de la Nación está obligado a hacer todo lo posible para conseguirlo y, si se topa con trabas imposibles de salvar para lograrlo, a dar cuenta a la ciudadanía y al resto de agentes institucionales implicados de las razones que le asisten para variar su hoja de ruta.
El incremento de la presión migratoria durante las últimas semanas ha hecho sonar las alarmas del Gobierno de Vivas, que antes, durante y después de la crisis migratoria de 2021 ha mantenido una actitud de lealtad institucional por encima de intereses partidistas que también tendría que ser tenida en cuenta por el Ejecutivo central del PSOE y Sumar.
La falta de colaboración marroquí sobre el terreno para contener las entradas irregulares de mayores y adultos desde su territorio y la negativa de Rabat a consumar la apertura de la aduana comercial del Tarajal demandan explicaciones que no se aportan.
Tampoco es admisible que las medidas con mayor calado prometidas a la Ciudad no solo no estén ejecutando, sino que incluso se han adoptado en sentido contrario al adelantado, tal y como ha sucedido con la mejora de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
El Estado debe revertir esta deriva y retomar la senda de compromiso con la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo de Ceuta.
