Según datos de la Oficina de Atención a la Víctimas de Violencia de Género, en 2018 se recibieron un total de 257 denuncias por un presunto delito de violencia de género. De todas ellas, 86 terminaron en una condena de las cuales, siete, implicaban una pena privativa de libertad. El resto de las denuncias, 171, se retiran o bien se archivan, lo que supone cerca del 70% del total de todas estas denuncias.
Los datos de 2018 son bastante parecidos a los del año anterior, cuando el total de denuncias alcanzó las 250, llegándose a retirar un total de 162 y terminado en condena 88 de estos casos. Se trata de unos datos oficiales que se contraponen con las estadísticas de otros organismos no oficiales que aseguran que el número de denuncias crece cada año. En este sentido, desde esta oficina de atención confirman que los mismos datos se repiten año con año y que no se han disparado las denuncias como reivindican algunas asociaciones. Los datos son los mismos desde hace más de una década y no cuadran con las estadísticas que se aportan por otros organismos.
En el caso de Ceuta, la cifra se mantiene, al igual que el número de denunciantes de origen extranjero: de cada 10 denuncias, seis las interponen mujeres extranjeras. Lo mismo ocurre con las medidas cautelares de protección. Durante 2018 se presentaron 141 solicitudes de este tipo de medidas, de las cuales se concedieron 88 órdenes, entre civiles -custodia de los hijos o pensiones alimenticias- y penales -órdenes de alejamiento-. El resto carecían de fundamento para aplicar este tipo de medida cautelar.
Todas estas denuncias terminan por pasar por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta, con competencias en violencia de género. De esas 86 denuncias que proceden, 27 se resuelven en este primer nivel, 17 se consideraron delitos leves y 42 llegaron hasta el Juzgado de lo Penal, donde 20 terminaron en conformidad y 22 no se conformaron.
Al igual que las cifras se repiten en Ceuta, el patrón de víctimas también, lo que han hecho determinar a los encargados de las dependencias que tratan este tipo de delitos algo que a su juicio es determinante: “La ley no está funcionado”. Esa es al opinión de las personas que cada día se enfrentan a este tipo de acusaciones y llevan el seguimiento de cada una de ellas.
En muchos casos, lamentan, la denuncia se basa en un interés económico, como puede ser el cobro de la ayuda que se otorga a las mujeres que han solicitado una orden de alejamiento y les ha sido concedida, lo que supone un pago periódico de 426 euros. “La víctima real de violencia de género no quiere dinero”, aseguran desde los órganos oficiales que tratan con estas mujeres que acuden a denunciar.
Tanto desde la oficina de atención a las víctimas como desde el Juzgado alertan del peligro de las denuncias falsas, no sólo por el interés económico que hay detrás, sino porque luego los recursos no llegan a las mujeres que realmente sufren este tipo de violencia por parte de sus parejas. Ya en el mes de enero, este Juzgado ha procedido contra dos denuncias falsas de violencia de género.
Falta dinero y uno de los principales fallos, señalan, ha sido externalizar la atención y protección de las víctimas a organismos que no son oficiales, pero que sí reciben recursos procedentes de fondos públicos y que exigen pocas comprobaciones a la hora de expedir dichas ayudas. De esta forma, existen los mecanismos, pero no llegan a las personas que realmente lo necesitan. “La víctima real se queda desamparada”. Tampoco ven con buenos ojos el asesoramiento que muchas veces se les da a las mujeres, ya que en ocasiones llegan a perjudicar a las víctimas.
De igual manera y como eje de la situación que se viven en la actualidad, opinan que debe haber una criba dentro de las denuncias que se interpongan por esta causa, observando que no se pueden juzgar todos los casos que se hayan denunciado como violencia de género y que después resulta que no lo son. Reconocen que son difíciles de comprobar, pero la ley debería contemplar esa criba y no englobar todo como violencia de género, sobre todo por las repercusiones que eso representa para los acusados.
Desde la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género y también desde el Juzgado que tiene competencias sobre este tipo de delitos advierten de todas esta consecución de situaciones que se generan alrededor de las denuncias y que confirman que “algo está fallando”. Ejemplo de ello es que los mecanismos de protección no están dando resultado y eso se comprueba con el número de víctimas mortales, que suelen rondar por las mismas cifras, pese al trabajo que se lleva a cabo para evitar más muertes.