Piden hasta 4 años de cárcel a una red que robaba droga simulando ser policías

El Juzgado de lo Penal número 2 sentó ayer en el banquillo de los acusados a tres personas presuntamente pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que fue desarticulada cuando trasladaba 12 kilos de hachís desde Málaga hasta Madrid, además de varias armas prohibidas para el uso de los ciudadanos, por lo que al delito contra la salud pública se suma el de tenencia de armas prohibidas. Además a uno de los acusados también se le imputa un delito de usurpación de funciones públicas por haberse identificado como militar, según reza el escrito de acusación.

A pesar de que la incautación de la droga se llevó a cabo en la localidad jienense de La Carolina, el juicio se celebró en nuestra ciudad al ser los agentes de la Guardia Civil de Ceuta los que iniciaron las diligencias a partir de otra causa en la que también estaba implicada una organización criminal de narcotráfico. Precisamente este hecho fue uno de los argumentos esgrimidos por los tres abogados de la Defensa para reclamar la nulidad del juicio contra sus patrocinados, cuestión que fue rechazada por la magistrada al estimar que ambos casos son totalmente diferentes, hecho que fue corroborado por los testigos citados.

El testimonio del instructor del caso evidenció que en agosto de 2016 la Guardia Civil mantenía abierta la investigación, a través de escuchas telefónicas, de un grupo organizado de narcotráfico con ámbito de actuación en la costa de Marruecos y que, finalmente, fue interceptada con cerca de 1.000 kilos de hachís. En una de esas escuchas, los agentes detectaron una llamada entre D.P (responsable de la organización investigada) y M.A. (una de las personas acusadas ayer), en la que el segundo le pedía una furgoneta para el traslado de 70 fardos de hachís.

Esta conversación arranca una segunda línea de investigación que lleva a nuevos intercambios entre los supuestos miembros del grupo en los que se alude a ‘R-32’ o la ‘manzana’, presuntas marcas con los que los investigados identificarían los fardos de droga, palabra esta última que, según declaraciones de los testigos, nunca se nombraba en las charlas telefónicas, a pesar de lo cual ninguno de ellos dudó de la intención oculta de estas comunicaciones.

Intenciones que, a juicio de dos de los testigos, ambos guardias civiles, quedaban claramente reflejadas en una de las escuchas en la que otro de los acusados, J.T., hablaba de “meter todo el huerto”, una alegoría sobre el traslado de un mayor número de fardos de hachís a los previstos inicialmente. A lo largo de las pesquisas se descubrió que la supuesta organización criminal también se dedicaba al ‘vuelco’, como se conoce al robo de droga que un grupo acomete contra otro que se dedica a su misma actividad.

Uno de los testimonios de los agentes señaló que en una escucha se aludía a la compra de cierto material, como chalecos, luces o machetes, para simular una intervención policial y robar así el hachís de la organización rival. Esto dio a denominar la investigación como ‘Operación Vuelco’.

Todos estos hechos llevaron a activar un dispositivo de la Guardia Civil en La Carolina para interceptar el vehículo, que era conducido por J.M.L., el tercero de los acusados. A través de videoconferencia con la localidad jienense los agentes aseguraron que, al ser requerido para identificarse, el conductor les mostró una tarjeta militar y les dijo que era teniente y que trabajaba para la Casa Real.

Este hecho confundió a los integrantes de la Benemérita que tuvieron que contactar con sus compañeros de Ceuta para comprobar que no habían errado en la localización del vehículo. Los guardias también señalaron que J.M.L. llevó su usurpación de identidad hasta el límite de fingir una llamada con “su general”, aunque finalmente tuvo que desistir de su actitud cuando el perro del Servicio Cinológico de la Guardia Civil detectó la presencia de droga en el interior del vehículo.

Fue entonces cuando el hombre decidió colaborar con los agentes y, tras activar un mecanismo, dejó al descubierto un doble fondo en el que se ocultaban 12 kilos de hachís. En el registro también se localizaron tres armas: una defensa extensible, un kubotan-bolígrafo y una navaja de 23 centímetros.

Uno de ellos fingió ser militar y trabajar en la Casa Real a fin de evitar su detención

A partir de la detención se producen varias llamadas “en cadena” de los supuestos miembros de la banda, donde se les daba orden de “limpiar y tirar los móviles”, palabras en clave para eliminar la droga y cualquier otra prueba que pudiera incriminarles, según testificó otro de los agentes que intervino en la operación. Durante la vista los agentes dejaron constancia de que la identificación de los tres acusados no solo se basó en las escuchas telefónicas, sino también en su seguimiento durante los contactos que mantenían entre ellos en ciertas ocasiones.

Por otra parte, las preguntas de los letrados de la Defensa sobre el hecho de que dos de los acusados no habían intercambiado ninguna llamada telefónica, obtuvieron la respuesta de que lo habitual en estas organizaciones es que no todos contacten entre sí, modus operandi para evitar que se conozcan, así como la detención de todo el grupo.

El Ministerio Fiscal pide para los acusados penas que van desde los tres años y cuatro meses de prisión y multa de 57.025 euros para J.T. hasta los cuatro años y medio a M.A. y J.M.L., que deberán abonar 88.537 euros.

Para este último, además, se solicita una pena de dos años de cárcel por el delito de tenencia de armas prohibidas y multa de 1.080 euros por el de usurpación de funciones públicas. Una vez llegado el turno de las conclusiones, la Fiscalía se centró en la reincidencia de dos de los acusados en delitos contra la salud pública, lo que “refuerza” la creencia de que su modo de ganarse la vida desde hace años es a través del tráfico de drogas.

Por su parte, los letrados de la Defensa se reiteraron en sus protestas sobre el testimonio incompleto de las diligencias, al no haberse incluido la causa inicial de la otra organización que ayer sentó a los acusados en el banquillo. Uno de ellos llegó a recriminar algunas cuestiones sobre el procedimiento solicitando la nulidad del mismo.

Con frases de estos letrados como “mi patrocinado no ha declarado para no perder el tiempo” o “se han llegado a extremos delirantes de literatura policial”, en alusión a los testimonios de los agentes que remitían a las diligencias o a lo relatado por los guardias que intervinieron en el operativo, el juicio quedó visto para sentencia.

Llevaban armas prohibidas que solo emplean algunas unidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado

Las tres armas localizadas en el registro del vehículo en La Carolina están catalogadas como “prohibidas”, según declaró uno de los peritos de la Guardia Civil. En el caso de la defensa extensible, no se permite su uso entre la población, sino únicamente en determinadas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una segunda arma, la kubotan, fue descrita como un instrumento en forma de bolígrafo y de estructura metálica que puede emplearse como un cuchillo para provocar lesiones. Finalmente también se interceptó en el registro una navaja de 23 centímetros, de los cuales 12 correspondían a la hoja, medida que convierte el arma en prohibida. Las tres fueron decomisadas y trasladadas al depósito de armas de la Guardia Civil donde serán achatarradas.