La responsabilidad contable podría abarcar a quienes votaron a favor de la propuesta pese a la advertencia de que generaría un “sobrecoste” de 3,7 millones.
En medio del tsunami del ‘caso Emvicesa’ y bajo la tormenta de la denuncia de Ciudadanos (C’s) al TSJA por el supuesto “pago indebido” de la indemnización por residencia desde 2000 a los políticos que, como Vivas, son funcionarios en servicios especiales, hay otro temporal que podría, a juicio de observadores de la Administración especialistas e imparciales, acabar siendo el mayor quebradero de cabeza (sobre todo de cartera) para el Ejecutivo de Vivas y el Grupo Parlamentario Popular de la pasada legislatura.
Se trata de la operación que, para refinanciar parte de la deuda de la Ciudad Autónoma, aprobó el Pleno el 23 de enero de 2014 a propuesta del consejero Emilio Carreira, que entonces no era diputado. Votaron a favor los 17 electos del PP y en contra los siete de Caballas y el PSOE.
De forma resumida, el asunto pasaba por, en palabras de Carreira, “distribuir la carga de amortización” de la deuda de la Administración refinanciando cinco préstamos contraídos con el BBVA para concertar otros dos por 10 y 13,6 millones de euros y dos años de carencia en ambos casos.
El Tribunal de Cuentas (TCu) ha encontrado “indicios de menoscabo de fondos públicos derivados de un pago excesivo de intereses con infracción, entre otras, de normas de carácter presupuestario”. Según el análisis del órgano fiscalizador, “los dos nuevos préstamos se concertaron a unos tipos de interés del 5% y del Euríbor trimestral más un 4,35%, respectivamente, muy por encima de los tipos de interés de los refinanciados, que oscilaban entre el 0,45% y el 1,73%, permaneciendo a su vez vivos otros préstamos con tipos superiores y con vencimientos a mayor plazo”. Además, a su juicio se vulneraron diversas disposiciones legales que limitaban el periodo de amortización de deudas y los planes de saneamiento de la institución.
“En aquella Sesión Plenaria”, recuerda Caballas en la interpelación que formulará en el próximo Pleno, “ya criticamos muy duramente una operación que carecía de una justificación convincente pero el Gobierno se empeñó en cerrarla y recientemente hemos tenido conocimiento de que el TCu ha remitido este expediente a la Fiscalía especial y al Abogado del Estado, e incluso parece ser que a la Fiscalía ordinaria, toda vez que además del importante sobrecoste ha detectado que se omitió, sin justificación, el pertinente procedimiento de licitación pública”.
Hace poco más de un mes, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas atendió la petición del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado para remitirles documentación al objeto de “exigir las responsabilidades contables” que se desprendan.
En 2015, el TCu levantó acta de liquidación por un total de 63 millones de euros sobre 391 procedimientos de responsabilidad contable por gastos indebidos.
En su informe previo a la aprobación de la operación, el tesorero accidental de la Ciudad alertó de que “el sobrecoste que supone para esta Administración es de 3,72 millones en términos estimativos conforme a los cálculos realizados por Intervención”. Con esa sirena desatendida sobre la mesa, diversas fuentes estiman que se trata de un caso “de libro” de responsabilidad contable y reintegro por alcance para quienes la secundaron (sin entrar en si hubo delito o no). Según los expertos, la mera producción de un daño o menoscabo no es causa suficiente de responsabilidad contable: hace falta que el responsable haya previsto y aceptado el perjuicio o que, al menos, haya existido culpa grave, “esto es, que no haya previsto o evitado el daño cuando podía haberlo hecho”.
La jurisprudencia ha reducido a cuatro los grados de culpa: de la levísima o leve (alejándose de lo que haría alguien muy prudente) no se deriva responsabilidad pero sí de la grave (no haber observado precauciones básicas) o gravísima, que se produce en “la omisión de las más elementales normas de prudencia que cualquier persona diligente hubiera observado”.
Caballas quiere saber “la situación actual de este expediente en cada uno de los ámbitos en los que se esté tratando, así como las actuaciones y explicaciones que el Gobierno tenga previsto ofrecer”.
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