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El amargo caso de la promoción de trescientas diecisiete viviendas públicas pendientes de adjudicación está convulsionando a la opinión, a la vez que desvelando determinados hechos, circunstancias, actitudes y comportamientos que explican con suficiente rotundidad una de las causas que impiden que Ceuta funcione con normalidad. Urge una operación de fumigación ética.

Resulta descorazonador que una evidencia de corrupción tan inapelable como repugnante, no concite la unanimidad de la sociedad (en todas sus expresiones) para combatirla. Siempre aparecen individuos, o colectivos (con o sin forma de entidad), dispuestos a encontrar una rendija argumental por la que escurrirse para terminar apoyando, expresa o implícitamente, la corrupción en cualquiera de sus modalidades, grados o matices. Existe en Ceuta un entramado mafioso, con diversas ramificaciones, que contamina en extremo la vida pública con la única intención de favorecer unos intereses espurios que sólo pueden provocar asco a cualquier persona decente. Es la corrupción en estado puro. Sin escrúpulos. Utilizan personas y sentimientos sin el menor reparo. Mienten, chantajean y coaccionan sin inmutarse. Lo llevan en su ADN. Lo peor de todo es que arrastran en su huracán de maldad a ciudadanos incautos o ingenuos, que desconocen los entresijos de la maquinaria, y creen defender causas justas, cuando en realidad están actuando como un vulgar parapeto para blindar a los corruptos de la peor calaña.
La polémica en torno a este asunto está resultando muy desagradable. Está en juego una expectativa de futuro para miles de familias necesitadas (en algunos caos muy necesitadas), en algo tan esencial como la vivienda. Es lógico que los nervios afloren y la ansiedad se apodere del estado de ánimo de los afectados (tanto de los que han visto su nombre publicado, como de los que no). Publicar un listado de personas sin el menor fundamento administrativo y sin autoría reconocida, haciéndoles creer que son adjudicatarias de una vivienda, es un acto de irresponsabilidad que alcanza un grado de crueldad inimaginable. Es imposible ser peor persona. Utilizar la esperanza de gente humilde como una pieza de un juego tan perverso no admite calificativos. Esto sólo se puede explicar por dos motivos. Un odio desmedido o una sed venganza patológica (muy poco probable); o un intento a la desesperada de dar carta de naturaleza a una práctica radicalmente corrupta, organizando para ello un operación de presión que haga claudicar a la administración (del cumplimiento de su obligación, que no es otra que establecer y desarrollar un proceso de adjudicación legal y transparente), y termine asumiendo el producto de la trama ante la virulencia del conflicto (explotar la teoría acuñada en la Ciudad de que Vivas siempre se achanta).
Sobre los elementos del debate público que se está sosteniendo, convendría hacer algunas precisiones, porque se observa una cierto desorden que entremezcla y confunde premisas y conclusiones.
Uno. Todos los indicios señalan que existe una (o varias) trama que cobra comisiones ilegales por adjudicar viviendas públicas. No es posible aún determinar ni cuántos ni quiénes son. Pero nadie duda de que esto es así. Los testimonios al respecto son abrumadores. La policía y el juzgado ya están actuando. La primera conclusión, que no se debe contaminar con otras, es que es necesario erradicar de inmediato esta práctica, buscar a los responsables y encarcelarlos.
Dos. Muchas personas, desde el escepticismo y la incredulidad, se lamentan de que no se inicie una acción inmediata ante la justicia. Y así sería deseable, lo que ocurre es que una cosa es conocer la realidad, y otra muy diferente disponer de pruebas suficientes para instruir una causa penal. Los malos son malos; pero no necesariamente tontos. Las personas que han pagado estas comisiones son muy reacias a denunciar, en primer lugar porque se autoinculpan, y sobre todo, porque lo que pretenden es obtener la vivienda o en su defecto la devolución de la cantidad entregada, y una denuncia en el juzgado arruinaría casi definitivamente cualquiera de las dos opciones.
Tres. Otro argumento, muy oído, es que esto "ha sido así desde hace muchos años". Es cierto. Y nos sitúa en otro plano que no se puede eludir. El de las responsabilidades políticas. Este asunto ha estallado cuando se ha convertido en un clamor popular. Pero algo más que un simple rumor ya circulaba por la Ciudad sin que nadie se lo tomara en serio. La impunidad es un infalible reclamo para la corrupción. A la vista de la palmaria tolerancia que exhibía el Gobierno respecto a estas prácticas, se fue ampliando el número de "intermediarios", y se fueron descuidando las precauciones. Ya sólo faltaba que las entregas se hicieran ante notario, y en presencia de los medios de comunicación. Cuando se conocieron algunas evidencias que incitaba cuanto menos a la investigación, el Gobierno se inhibió. No quiso medir el alcance del problema, entre otros motivos (quizá) por la implicación directa de cargos públicos muy relevantes, o por el temor a un escándalo mayúsculo que les pudiera perjudicar electoralmente. La oposición tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Y aunque denunciaron los hechos, y exigieron responsabilidades al Gobierno, no lo hicieron con la suficiente determinación y contundencia que exigía el caso. La dificultad de encontrar pruebas desanimó a unos denunciantes que tampoco encontraron el apoyo social suficiente. Lo cierto es que el monstruo crecía a la vista de todos. Y con la pasividad de todos. La conclusión es que preciso reconstruir todos los hechos pasados en la medida de lo posible. Investigar hasta donde los medios alcancen, y ofrecer a la ciudadanía las explicaciones necesarias, saldar las responsabilidades políticas, y entablar acciones judiciales si fuera menester.
Cuatro. Desde el más elemental sentido de la rectitud moral, parece una obviedad decir que es obligado que los corruptos no terminen alcanzando sus objetivo (adjudicar las viviendas a las familias a las que les cobraron las comisiones). Esta es otra conclusión, independiente de las anteriores, e irrebatible. La ciudadanía tiene un derecho inalienable a conocer todos los detalles del procedimiento de adjudicación de las viviendas de promoción pública, desde su origen a su finalización, incluyendo la capacidad de reclamar sobre todo aquello que considere que se aparte de la legalidad. Si damos por válidas (implícita o explícitamente) las listas elaboradas en un despacho oscuro sin más justificación o criterio que la voluntad (buena o mala) de una (o varias) personas, estaremos convirtiéndonos en cómplices de los corruptos. Esto también deber quedar meridianamente claro.