Hasta 3.000 euros de multa por propiciar falsos empadronamientos

El Gobierno de la Ciudad quiere contar con instrumentos más eficaces para combatir el fraude en el empadronamiento en Ceuta y está trabajando en un borrador de Ordenanza Reguladora del Procedimiento Sancionador para los Incumplimientos de la Ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón (donde se recogen los vecinos pertenecientes a un municipio y cuyos datos “constituyen prueba de la residencia y del domicilio habitual en el mismo”) que contemplará multas de hasta 3.000 euros para quienes faciliten la inscripción indebida de personas como residentes.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la norma prevé considerar “infracción leve” la instrucción de “al menos dos expedientes de baja por inscripción indebida por falta de veracidad en la acreditación de la vecindad en el domicilio” con multa de hasta 750 euros.

Si los expedientes se elevan a tres o cuatro la sanción pecuniaria iría de 750,01 a 1.500 euros, y en el caso de llegar a cinco o más se dispararía a hasta 3.000 euros. Esta misma sanción se contempla para quienes tengan que hacer frente a una “detección de falsedad documental en la documentación aportada para el procedimiento de alta o cambio de domicilio”.

El importe de las sanciones tiene como finalidad “que la comisión de las infracciones a que den lugar no resulte más beneficiosa al infractor que el cumplimiento de la normas infringida”.

Podrán ser sancionadas tanto personas físicas como jurídicas, así como “quienes presten su consentimiento en proceder al empadronamiento o cambio de domicilio a sabiendas de su falta de veracidad”.

Cuando el cumplimiento de las obligaciones impuestas corresponda a varias personas físicas o jurídicas conjuntamente, estas deberán responder “de forma solidaria”.

La competencia para imponer las multas previstas corresponderá a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, competente en la formación, revisión y control del Padrón de Habitantes de la Ciudad.

Ocho años de trabajo contra la irregularidad

La Ciudad lleva ocho años, en cumplimiento del artículo 72 y siguientes del Reglamento de Población y Demarcación, ejecutando procedimientos de Baja por Inscripción Indebida en el Padrón de Ceuta “al detectarse innumerables domicilios donde no existía una concordancia del registro municipal con la realidad, llevándose al efecto las preceptivas operaciones de muestreo y control con los consecuentes expedientes administrativos de baja”.

El papel de la ciudadanía en la extensión del fraude, clave de fondo

El “espíritu” de la norma que prepara la Ciudad pasa por poner el foro en “la corresponsabilidad ciudadana en materia de la dispensación de servicios públicos asistenciales o que conllevan un notable gasto en su gestión pública y cuyos destinatarios son aquellos ciudadanos que gocen de vecindad administrativa en nuestra ciudad”.

El borrador elaborado por el Ejecutivo local reconoce que “la reiteración de conductas ilícitas, que dan lugar al disfrute de determinados derechos a terceros que sí estarían legitimados para ello podría conllevar implícita conductas tipificadas en el Código Penal tales como la de falsedad documental o la estafa”.

Su objetivo último es “establecer una concordancia entre la realidad demográfica existente entre población ‘de hecho’ y ‘de derecho’, así como mayor precisión en cuanto al número de ciudadanos empadronados que figuran en la Ciudad Autónoma y los que ulteriormente publica el INE”.

Atendiendo a los criterios que establece en su articulado la Ley 22/2009 por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, resulta “más que necesaria” establecer esa coherencia y equivalencia numérica entre ambas Administraciones.