El Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral contra 22 personas acusadas de un delito continuado de falsedad de documento público y otros de falsedad de documento público, según los casos. Todas ellas presuntamente relacionadas con una trama organizada que realizaba, a través de una gestoría,
contratos laborales fraudulentos a otras personas que lograban así beneficios tales como la obtención de permisos de residencia y trabajo, renovación de documentos o cobro de subsidios que no les correspondían.
Los principales acusados, dos empresarios, se enfrentan a penas de 3 años de cárcel y multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios; para el resto se solicitan 2 años y 3 meses de prisión además de multa de 10 meses a razón de 10 euros diarios de cuota, de acuerdo con la calificación provisional a la que ha tenido acceso El Faro de Ceuta relacionada con la llamada Operación Paloma, que fue llevada a cabo en 2017 por componentes de la UCRIF de la Policía Nacional. La Acusación Particular, que representa los intereses de la Seguridad Social, y otra acusación que representa los intereses de un empresario perjudicado por estos fraudes, también se personan en el caso, que tendrá que ser
juzgado en el Penal de Ceuta. Incluso aumentan el número de acusados como presuntos responsables de la trama.
La vista oral perseguirá esclarecer qué hay detrás de este fraude en contratos que fue descubierto después de dos años de investigaciones por parte de la Policía Nacional. Así pudo darse con el modus operandi que se seguía desde una gestoría de la ciudad cuyo empleado -uno de los principales acusados- se encargaba de dar de alta en el sistema de red de la Seguridad Social a trabajadores, elaborando contratos de trabajo y nóminas. Considera probado la Fiscalía que, como parte de un plan preconcebido para obtener un beneficio patrimonial ilícito, a lo largo del año 2015 contactó con personas a quienes les ofreció formalizar contratos laborales a nombre de otras empresas o establecimientos simulando su realidad. En el fondo no iban a prestar servicio en dichas empresas pero figuraban como contratados. A cambio de esa gestión abonaban distintas cantidades que oscilaban entre 800 y 6.000 euros, de acuerdo con la investigación que realizó la UCRIF. Para contratos cortos cobraban alrededor de 850 euros; para contratos de seis meses, 3.000 euros; y para los de uno o más años, 6.000. A mayor duración de simulación en el contrato se entendía que el riesgo era mayor, algo que influía en las tarifas cobradas.
Los cobros por contrato falso oscilaban entre 800 y los 6.000 euros
Algunos contratos se hicieron a nombre de la gestoría como empresa contratante de un comercio al por menor y una cafetería de un acuartelamiento militar cuyo explotador no tenía idea de ese negocio fraudulento y, de hecho, se ha personado en la causa como acusación particular al ser perjudicado por el engaño, sufriendo daños morales al haber perdido la concesión de la cafetería amén de sufrir cargas con la Seguridad Social de las que no era responsable. Así también se hacían contratos a nombre de una empresa de alimentación y una hamburguesería. En el caso de esta última sí que considera la Acusación que su empresario responsable sabía lo que se estaba haciendo y el empleo de su negocio para ello. Ninguno de los trabajadores que firmaban contratos para supuestamente prestar servicios allí lo hacía a pesar de estar dados de alta en la Seguridad Social por ello. Hay casos en los que una misma persona figuraba como contratada en dos empresas distintas. Los contratos falsos eran usados por los acusados para la obtención de permisos legales de residencia o trabajo, además de beneficios penitenciarios.
Fiscalía incluye en su calificación que se remita testimonio de la sentencia, cuando sea dictada, a la Seguridad Social, oficina de Extranjería y Delegación, así como a Instituciones Penitenciarias por si procediese dejar sin efecto cualquier tipo de ayuda o concesión de permiso administrativo que se hubiera obtenido en base a los contratos falsos.
Para el funcionamiento de esta trama se hacía uso de los datos personales que habían facilitado a la gestoría sus propios clientes con buena fe, sin saber que iban a ser usados para hacer contratos simulados en los que ellos figuraban como empleadores sin saberlo.
Cronología de los hechos
2015. Comienzan los contratos: Es cuando, de acuerdo con la investigación policial, empieza a funcionar este plan preconcebido de contratos falsos. Durante dos años se estuvo investigando los pasos que se daban, confirmándose la realización de distintas contrataciones todas falsas.
2017. Operación en marcha: La Policía lleva a cabo la operación que se salda con las primeras detenciones.
Solo uno entra en prisión preventiva durante varios meses, tratándose de unos de los empresarios de la gestoría investigada.
2020/2021. Calificación y apertura de juicio oral: Se han presentado tres calificaciones de Fiscalía y dos acusaciones particulares, se solicita la apertura de juicio oral que se seguirá en el Juzgado de lo Penal por dos delitos distintos, uno continuado de falsedad de documento público y otros de falsedad de documento público.
permiso
La tapadera de la gestoría. Se necesitaba la implicación de quienes tenían acceso a las aplicaciones telemáticas donde se colgaban los datos de los empleados para las altas del SEPE y la Seguridad Social. La colaboración del SEPE y de la Seguridad Social con la Policía fue clave para la investigación.
Los tres pilares necesarios para la trama
Fue en 2018 cuando la Policía dio por finalizada la investigación en torno a esta trama, destacando los tres pilares que eran necesarios para su funcionamiento. Hacía falta la implicación de empresarios, gestores y los autorizados para el sistema de red para el envío de los contratos falsos. Esta operación fue una de las más destacadas en el trabajo de la UCRIF pero hubo más indagaciones posteriores que dieron pie a otros operativos, enmarcados todos ellos en aflorar las contrataciones que no seguían los cauces adecuados y, por tanto, suponían un claro fraude. Durante más de dos años los investigadores de esta unidad de la Policía estuvieron detrás de esta trama para dar con los implicados. Varios de los que firmaron contratos que resultaron ser simulados ya han sido condenados en diligencias urgentes por juzgados de instrucción y, por tanto, no figuran ya en la causa como acusados ni tendrán que personarse en el juzgado cuando se señale la apertura de juicio oral. Fue determinante la cooperación entre los diferentes organismos afectados por este anómalo funcionamiento.