Si les cuentan que la Guardia Civil ha intervenido más de 12 toneladas de hachís en este año de pandemia, se perderán en una maraña de kilos, de detenciones y de operaciones. Pero si traducimos esas toneladas en el daño que se le ha hecho a los narcos la cosa cambia a lo concreto: algo más de 36 millones de euros. Esa es la pérdida económica provocada por las intervenciones efectuadas por el Instituto Armado, buena parte de las mismas en el mar en persecuciones a narcolanchas.
En este 2020 marcado por un largo periodo de confinamiento y restricciones, sacar la droga que nace en las plantaciones de Marruecos se ha convertido en tarea complicada. Con una frontera cerrada, anulado el goteo de cargas en dobles fondos de vehículos o mediante las ‘mulas’ -personas portadoras de hachís-, la vía marítima ha protagonizado la amplia mayoría de los pases de narcóticos utilizando el trampolín del Estrecho para fructificar el pase.
El hachís había que sacarlo sí o sí, además a precio de oro. El coste del porro aumentaba debido a la carestía de la mercancía. Solo en los meses de confinamiento la Guardia Civil pudo decomisar casi mil kilos de esta droga, en la práctica totalidad de este 2020 se han superado las 12 toneladas. En 2019, fueron diez las intervenidas.
El daño a las particulares arcas de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes se cifra en algo más de 36 millones, pero también ha habido otra consecuencia más: las redes han perdido embarcaciones y se ha detenido, procesado e incluso condenado a sus enlaces. En muchas de las intervenciones los fardos recuperados en el mar lo han sido tras persecuciones a las que los narcos han respondido arrojando la carga de la prueba. No son casos aislados, en este verano los ocupantes de narcolanchas pudieron escapar pero perdieron en el camino dos toneladas -en uno de los servicios- y más de cuatro, en otro. Solo en el estado de alarma se recuperaron casi 700 kilos de esta droga en fardos ‘pescados’ en el mar y hubo otras intervenciones en las que se contó con apoyo de unidades externas al propio Instituto Armado, como fue el caso de la Armada.
El golpe económico asestado a los reyes de la droga solo refleja una parte de un negocio que ha mostrado su lado más violento en los últimos meses. La necesidad de introducir droga en el mercado peninsular y el redoble de esfuerzos de las fuerzas de seguridad ha llevado a acciones marcadas por el extremismo de unos pasadores de droga a los que nada les ha importado, hasta el punto de poner en riesgo las vidas de los agentes con escapadas en el mar de película y choques premeditados en carretera que han podido costar la vida a guardias y policías.
La propia Fiscalía reconocía en la memoria publicada este año cómo la violencia entre los narcotraficantes ha ido a más, lo que se ha materializado en el aumento de procedimientos judiciales vinculados al tráfico de hachís.
El número de procedimientos penales incoados en el conjunto de la provincia Campo de Gibraltar y Ciudad Autónoma de Ceuta, tras las cifras ofrecidas, ha aumentado, en este caso, un 2,84%, siendo los más llamativos los asuntos de trafico de drogas cualificados, con un 35% más, pasando de 94 a 127. Entre estos asuntos están los seguidos contra organizaciones y grupos criminales, a los que habitualmente se les aplica el art. 370 del CP, uso de embarcación.
El cierre de las fronteras también ha provocado un dato curioso que se refleja a diario en los juzgados de la ciudad. A los pases extremos en narcolanchas se han sumado los llevados a cabo en pequeñas cantidades utilizando a personas como motores humanos. Sobre todo marroquíes, con interés de bordear a nado alguno de los espigones para entrar en Ceuta, a los que se les facilitaba uno o dos fardos para atárselos a sus cuerpos y proceder a nadar en dirección a la ciudad con la mercancía. Así, antiguamente, pasaban a inmigrantes por eso se les bautizó como ‘motores humanos’. Ahora pasan droga. Más de media docena han sido condenados en los últimos meses y cumplen cárcel en la prisión de Mendizábal por delitos contra la salud pública. Son los eslabones más pobres de un negocio que mueve millones pero que también tiene sus pérdidas.
Perder la droga hace daño, pero perder las propiedades financiadas gracias al dinero obtenido con su tráfico es la clave para erradicar a las organizaciones evitando que puedan ‘levantar’ cabeza tras sufrir varios golpes de las fuerzas de seguridad. Atacar su patrimonio, llegar hasta sus cuentas y sus empresas fantasma es determinante para, llegando a la raíz, cortar cualquier tipo de pase.
El blanqueo de capitales constituye uno de los delitos más difíciles de investigar y demostrar ante un juzgado. Las pruebas son determinantes a la hora de sentar ante un tribunal a los que han montado sus fortunas gracias a este negocio. Son muchos los que se han escapado y escasos los recursos con los que se cuenta para conseguir investigaciones más rápidas que derivarán en acciones judiciales mucho más efectivas.
La Asociación Española de la Guardia Civil en Ceuta -AEGC- reclama más medios para las fuerzas de seguridad y más recursos para jueces y fiscales, con el fin de que se pueda intervenir de una manera más rápida. La propia Fiscalía reconoce en su memoria de este año cómo “la confluencia de distintos grupos criminales, en la consecución de grandes alijos, especializados en las distintas tareas y que colaboran con una o varias organizaciones supone una seria dificultad para la tramitación de las macro causas que derivan de las investigaciones que se llevan a cabo contra ellas. Ya alertamos de la lentitud de la instrucción, ante la falta de medios de los Juzgados y Tribunales”, lamenta. La lentitud en esas investigaciones es aprovechada por las estructuras de poder en las que se sustentan esas ramificaciones delincuenciales que sostienen el mundo del tráfico de drogas.
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