El ‘diputado de referencia’ del Grupo Parlamentario Socialista para Ceuta, Gaspar Zarrías, es uno de los cinco parlamentarios nacionales andaluces del PSOE que ayer anunciaron que se personarán “de forma inmediata”
para declarar ante el juez instructor “de forma voluntaria lo antes posible” después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa contra ellos por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los que la Junta podría haber gastado irregularmente cerca de 900 millones de euros.
Zarrías, los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, José Antonio Viera y María del Mar Moreno recalcaron que el auto del Supremo señala que se investigará el fondo de ayudas a empresas “pero no establece ni señala imputación ni culpabilidad alguna” e incluso se congratularon porque con su resolución se les brinda la oportunidad “de poder aclarar ante esta instancia todo lo relacionado con la gestión de estas ayudas y su participación en la concesión de las mismas”.
El Supremo ha anunciado que abrirá causa contra los expresidentes autonómicos Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2012) tras apreciar “en una valoración muy provisional” que los hechos señalados por la jueza Mercedes Alaya “pudieran ser delictivos”. La tipificación inicial apunta a prevaricación y malversación de fondos.
En su auto, el tribunal nombra un instructor, Alberto Jorge Barreiro, que será quien investigue y determine si “existen indicios consistentes o principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas” para citarles a declarar como imputados.
La decisión afecta también a dos exconsejeros autonómicos que actualmente tienen escaño en el Senado, José Antonio Viera y Mar Moreno, y a otro que actualmente es diputado, Gaspar Zarrías, que fue presidente de la Junta de Andalucía en funciones durante quince días en 2009 tras ejercer como ‘número 2’ de Chaves a lo largo de más de una década y ante de seguirle al Gobierno central como secretario de Estado.
Zarrías, enlace permanente del PSOE de Ceuta con la estructura federal, fue secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE hasta el pasado mes de julio. En octubre visitó por última vez la ciudad autónoma para participar en el debate sobre el encaje territorial de Ceuta, aunque no compareció ante los medios.
El pasado miércoles fue uno de los anfitriones de Carracao en el Senado, donde recibió al ceutí junto al secretario general de los socialistas en la Cámara Alta, Óscar López. El secretario general ceutí anunció a ambos, según la versión de Carracao, su “renuncia” al puesto de asistente que ocupaba desde hace un año con una retribución sin horario ni presencia física de más de 1.400 euros que le permitía cotizar a la Seguridad Social y compaginar esos ingresos con la dieta como diputado y portavoz de unos 1.700 euros mensuales por acudir a los Plenos.
De lo expuesto en la exposición razonada remitida al Alto Tribunal, hay indicios de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, “concretamente desde la Consejería de Empleo, y con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores se organizó un sistema que se llevó a efecto desde el año 2000 durante un periodo de tiempo aproximado de doce años que permitiría disponer de importantes cantidades de dinero ascendentes a 855 millones de euros para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas”.
La juez Alaya considera que Chaves, Griñán, Zarrías, Moreno y Viera gracias a su "posición de alta y especial responsabilidad política" participaron en las decisiones de creación o mantenimiento de los ERE supuestamente fraudulentos.
