Vox pide más controles tras detectar alojamientos irregulares

Vox Ceuta ha llevado a la Sesión de Control de este miércoles un asunto como son las actuaciones llevabas a cabo en el parque de viviendas de Protección Oficial después de conocerse que “adjudicatarios de viviendas municipales estarían alquilando bien la totalidad de los inmuebles, bien habitaciones o incluso sus garajes anexos a invasores”.

Según ha manifestado en su primera intervención Juan Sergio Redondo, “nos encontramos ante recursos públicos que directa o indirectamente pueden estar terminando al servicio de quienes participaron en la invasión. Es precisamente aquí donde el Gobierno de la Ciudad debe ejercer con absoluta determinación sus facultades de inspección y policía administrativa”.

En ese sentido, ha manifestado las viviendas de Protección Oficial no pueden convertirse “en un negocio particular mediante su alquiler o cesión irregular y mucho menos mientras existen familias ceutíes esperando durante años una oportunidad para acceder a una vivienda”.

Por ello, desde Vox han pedido al Gobierno saber cuántas inspecciones se han realizado en este tiempo en el parque público de viviendas, si se están investigando los alquileres de habitaciones, garajes y otras dependencias vinculadas a viviendas públicas y qué coordinación existe entre Emvicesa, la Policía Local y los demás servicios municipales implicados.

Y es que, como ha insistido Redondo, “la vivienda pública en Ceuta es evidente que está para cumplir una función social, no para convertirse en un negocio privado. No resulta admisible que, mientras numerosos ceutíes necesitan una vivienda, pueda haber adjudicatarios utilizando un recurso financiado con el dinero de todos para lucrarse con las consecuencias de la invasión”.

Las actuaciones de la Ciudad

Según ha informado Alejandro Ramírez, desde que tuvieron constancia de la presencia de inmigrantes en trasteros, garajes y viviendas, desde la Ciudad, en coordinación con las áreas competentes, se pusieron manos a la obra para “llevar a cabo actuaciones conjuntas y evitar que eso se produjera y tramitar los expedientes sancionadores correspondientes” a quienes habín cometido algún delito.

También se envió un aviso a todos los presidentes y comunidades de vecinos para informar sobre las consecuencias “de tener a personas alojadas de manera irregular”.

Entre las intervenciones “hubo una muy importante en Loma Colmenar. Se analizaron diferentes trasteros, garajes y también alguna vivienda donde había muchísimas personas” a cambio de una contraprestación económica que alcanzó los 10.000€ desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Por otro lado, también se ha actuado en la zona de Doctora Soraya, Polígono Virgen de África y en las 317 VPO. “Estas son actuaciones que han sido por denuncias que nos han llegado directamente por parte de ciudadanos y se ha hecho la actuación por parte de la Policía Local, que se le emitió el oficio para actuar, y por parte también, obviamente, del área de Vivienda”.

La respuesta de Redondo

Tras estas palabras, Redondo ha entendido que “los desalojos que se han hecho han sido a iniciativa de la Policía Nacional, no por iniciativa de la consejería competente ni una actuación directa por parte de la Policía Local”.

“Entiendo que en esa línea no se ha montado un dispositivo por parte de la consejería utilizando los recursos propios, en este caso de Policía Local, para hacer un rastreo y una identificación al margen de las denuncias que vayan surgiendo por parte de los usuarios de aquella zona”, ha insistido.

Desde su punto de vista, “desde la consejería, hay que montar un dispositivo preventivo, en este caso, para inspeccionar una zona en la que se supone y en la que ya hay constancia de que se están produciendo estos hechos delictivos. La preocupación que tenemos desde este grupo es que puede haber muchísimos más pisos pateras en la zona de Loma Colmenar y en otros sitios de la ciudad, donde tiene competencias también la Ciudad Autónoma”.

Por su parte, Alejandro Ramírez ha insistido en que se tratan de actuaciones “que no son sencillas en cuanto a la operativa” ya que hay que llevar los medios suficientes, estudiar cómo entrar y trasladar luego a las personas que haya dentro a los recursos correspondientes.

Aún así, reconoce que “es una materia donde tenemos que insistir, tenemos que continuar realizando esta labor, puesto que es fundamental también que todas estas personas que estén, de alguna manera, alojadas de manera irregular, se les aplique también la justicia, sobre todo a las personas que permiten esa situación y, además, con una contraprestación económica. Con lo cual, como le digo, seguimos trabajando ahora mismo en esta materia y esperemos que podamos llegar a la normalidad lo antes posible”, ha concluido.