Vox Ceuta mantiene que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas de inmigrantes a nado en Ceuta y Melilla y las llamadas devoluciones en caliente evidencia “el fracaso de una legislación migratoria anticuada, ambigua e incapaz de responder al desafío al que se enfrenta España en su frontera sur”.
Así, el partido aboga por reformar una legislación para “frenar la invasión migratoria ‘in situ’ y que la ciudad no continúe siendo puerta de entrada de la inmigración ilegal al resto del país”.
El presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha reseñado en una nota de prensa que esta resolución en contra de las devoluciones en caliente en el mar “confirma una realidad que llevamos años denunciando: vigilar una frontera no es lo mismo que protegerla”.
En este sentido, señala que “una cámara puede grabar cómo se vulnera una frontera, pero no puede impedir que sea violentada”. “Para eso hacen falta verdaderos elementos físicos de contención”, apunta.
Desde Vox Ceuta recuerdan que han reclamado en reiteradas ocasiones la ampliación y refuerzo de los espigones fronterizos del Tarajal y de Benzú precisamente para dificultar al máximo los intentos de entrada ilegal por vía marítima.
Una propuesta que, puntualiza la formación, “ha sido despreciada e incluso insultada por quienes pretendían hacer creer que bastaba únicamente con vigilancia”.
“Hoy queda demostrado que la ampliación de los espigones no era un capricho, ni una ocurrencia”, explica Redondo para añadir: “Es una necesidad estratégica para la defensa de nuestra frontera”, tras la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente en el mar.
Así, el líder de Vox Ceuta defiende que la existencia de barreras físicas de contención “no es una opción, es una obligación para proteger Ceuta y la soberanía nacional”.
El presidente de Vox Ceuta denuncia además que el problema de fondo se encuentra en “una Ley de Extranjería obsoleta que PP y PSOE han mantenido durante décadas sin adaptar a la realidad migratoria actual”.
Para Redondo, “el bipartidismo no ha querido, o no ha sabido, dotar a España de las herramientas necesarias para afrontar un desafío que afecta especialmente a Ceuta”.
El líder de Vox Ceuta subraya que, aunque los tribunales aplican las normas existentes sobre las devoluciones, corresponde al legislador evitar interpretaciones derivadas de “ambigüedades, lagunas y limbos jurídicos que debilitan la capacidad del Estado para defender sus fronteras”.
Por ello, la formación exige “una modificación profunda de la legislación vigente que aporte seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que cierre cualquier vacío que pueda ser aprovechado por las mafias de la inmigración ilegal o por quienes intentan vulnerar nuestras fronteras”.
Vox Ceuta reclama la ampliación inmediata de los espigones fronterizos. También, la creación de verdaderos elementos físicos de contención, el refuerzo de los medios humanos y materiales de Guardia Civil y Policía Nacional, así como una legislación migratoria adaptada a los retos actuales.
“Vox lleva años avisando. Somos la frontera sur de España y de Europa, pero seguimos soportando las consecuencias de la falta de valentía política. Hace falta proteger nuestras fronteras con leyes claras, medios suficientes y voluntad de defender nuestra soberanía”, concluye Redondo, aludiendo directamente al dictamen sobre las devoluciones en caliente.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que la Disposición adicional décima de la ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como “devoluciones en caliente”, a los inmigrantes interceptados en alta mar, que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla.
La Sala considera que lo procedente es aplicar a estas personas el procedimiento de devolución del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
El tribunal establece esta doctrina jurisprudencial en una sentencia en la que examina el caso de un inmigrante, de nacionalidad argelina, que recurrió la decisión administrativa por la que fue entregado a las autoridades de Marruecos después de ser interceptado en alta mar el 14 de noviembre de 2024 cuando, junto a otras dos personas, pretendía entrar a nado en Ceuta.
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