24 horas después de la primera ‘crisis’ que tiene que afrontar el recién configurado equipo del presidente Vivas, poco ha cambiado la actitud del Gobierno en torno a cómo tratar la polémica de la filtración de unas “listas fantasma” con 317 presuntos adjudicatarios de las VPO de Loma Colmenar que ni tan siquiera pasaron por la obligada comisión local de la vivienda.
Y poco ha cambiado porque la decisión del Ejecutivo sigue siendo la misma: la de presentar el próximo lunes una denuncia en el juzgado para que se investigue lo ocurrido. El lunes, y no antes, porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento están preparando con todo lujo de detalles y fundamentos la base que llevarán al Palacio de Justicia. “Hay asuntos que deben ir bien fundamentados. A todos nos gustaría una reacción inmediata”, expuso el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, razonando el porqué de la tardanza en acudir a los juzgados. “No es por demorarlo, solo que se han dado las instrucciones precisas”, aclaró. Con la denuncia cociéndose; el exresponsable de Emvicesa, Antonio López, llamando a los teléfonos móviles de sus anteriores compañeros que se niegan a atenderle; y las oficinas de Emvicesa cerradas en la atención al público, solo queda por saber dónde están las 317 llaves de las 317 VPO que se tienen que repartir. Hachuel dio la respuesta. Las tiene el presidente Vivas a buen recaudo en la caja fuerte de Presidencia. Allí fueron guardadas desde el pasado jueves cuando se conoció lo sucedido. “No se le ha cogido el teléfono a Antonio López porque solo se hablará delante de un juez”, aclaró Hachuel, tras asumir que “se puede errar en el nombramiento de una persona” que ha podido terminar siendo un “desleal”. Y es que esa es la imagen que el Ejecutivo tiene de su excompañero Antonio López, al margen de las valoraciones, suposiciones e hipótesis que cada uno guarda en su esfera particular de por qué instó a los funcionarios de la sociedad a que llamaran a personas para decirles que pasaran a recoger sus llaves de VPO. Hachuel no dio a conocer sus particulares impresiones y se ciñó a defender la actuación de Vivas, que consideró “impecable”, ya que desde “el minuto 1 dio orden de traer todas las llaves a Presidencia, porque de ahí no van a salir, y las custodia él personalmente en su caja fuerte”, sentenció, tras confesar que toda esta polémica “suena muy mal” pero que será, ahora, “un juez” el que “tenga que aclarar” lo ocurrido. Hachuel se negó a hablar de la existencia de una trama detrás de todo esto, a pesar de la constante rumorología callejera que encuadraría todo lo ocurrido en una venganza de López por no seguir formando parte del equipo de Vivas. Eso sí, el portavoz reconoció que los políticos en general se han ganado a pulso el tener una mala imagen ciudadana por “otros indeseables” y sus comportamientos, llevando a que cada actuación sea analizada y mirada con lupa. No quiso hablar de las “puras especulaciones” que puedan estar realizándose en la calle. Respecto a la solicitud de una apertura de comisión de investigación que ayer mismo pidió el PSOE a través de su portavoz de Grupo, Manuel Hernández, el propio Hachuel aseguró que el Ejecutivo se ofrece a dar todas las explicaciones debidas ante un caso considerado, desde el primer momento, como grave, retomando las manifestaciones que desde el inicio de la legislatura hizo públicas el propio presidente Vivas de apostar por un periodo de máxima transparencia, diálogo y consenso con los partidos en la oposición. La plataforma por una vivienda digna sigue manteniendo en pie su concentración para la semana próxima, reuniendo a todos los afectados que están a la espera de lograr una casa.
Hernández (PSOE) pide una comisión de investigación
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, ha solicitado que se abra una comisión de investigación para que se aclare con todo detalle qué ha podido suceder para que se difundiera una lista con identidades de supuestos adjudicatarios de unas casas que todavía no habían pasado por todo el procedimiento de selección obligado. En un comunicado oficial, Hernández ha considerado que “ante la actitud del Gobierno del PP de no informar al resto de grupos políticos en la Asamblea sobre la gravedad de los hechos y que nos hayamos enterado por los medios de comunicación” se va a solicitar esa comisión porque se trata de un “asunto de interés público para la ciudad”. Con esa comisión se quiere conocer con exactitud lo ocurrido pero también los criterios de selección seguidos y los baremos aplicados. Se está a la espera de que las demás formaciones se sumen a esta comisión a la que, en principio, la propia Ciudad no ha dicho que no, pero que todavía no ha seguido los cauces concretos para ser presentada de manera oficial y poderse analizar. El lunes hay Junta de Portavoces para abordar este asunto.
