La decana del Colegio de Abogados de Ceuta considera “positiva” que una de las primeras reformas que apruebe Ruiz Gallardón sea la de favorecer el amparo judicial para los que menos recursos tienen
Valoración “positiva”, de tal manera califica la decana del Colegio de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, el compromiso alcanzado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en su comparecencia en el Senado en la que señaló la intención firme de poner en marcha el grueso de sus reformas antes de que finalice 2012, tiempos y plazos que se ha marcado para que quede constancia de que su objetivo es agilizar los trámites judiciales lo antes posible.
Entre tales reformas, hay una que toma la delantera para hacerse efectiva, la concerniente a a la revisión de tasas judiciales vigentes, anunciada ya en Comisión en el Congreso de los Diputados, y mediante la cual la recaudación de los depósitos se empleará para la modernización de la Justicia, tal y como establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009, en el caso de las tasas, los ingresos se destinarán a la financiación de la justicia gratuita. Es decir, que las tasas que abonan los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no ingresarán de forma indiscriminada en las arcas del Estado sino que servirán para cubrir los costes derivados de los litigios de quienes carecen de recursos.
En este sentido, Valriberas indica que “es positivo que se destine el dinero de las tasas judiciales para sufragar la justicia gratuita porque es una forma de financiación inteligente”.
Asimismo, la decana añade que “el hecho de que el dinero que se recaude de las tasas judiciales e incluso todo lo que supongan las aportaciones que se hagan en los depósitos para recurrir vaya orientado a sufragar la justicia gratuita es buena idea porque es una forma de aportar en una época de crisis feroz donde hay que buscar fórmulas ágiles para hallar la mejor manera de financiación posible”.
Además, Valriberas considera que “la gran ventaja y el mayor beneficio que se consigue con esta reforma cuando entre en vigor es que de esta manera se garantizará la asistencia de abogados y procuradores a aquellos ciudadanos que no tengan recursos económicos suficientes para contratar los servicios de un abogado, con la importancia que esto supone”.
Asimismo, Valriberas cree que el sector de la abogacía “sale también ganando ya que en cierto modo consideramos que con este adelanto hay una cierta tranquilidad porque supone que hay fondos para poder abonar económicamente el servicio de los abogados”.
Por su parte, y respecto a la justicia gratuita, Ruiz-Gallardón aseguró en el Senado que “ningún ciudadano que acredite no tener recursos para acceder en igualdad de condiciones a los tribunales quedará sin atender”, remarcando que “es necesaria una revisión de los criterios actuales para evitar su uso fraudulento y una mejor orientación a los afectados para resolver sus problemas de forma extrajudicial”.
