El Poder Judicial y los cuerpos de seguridad españoles ajustan sus actuaciones al carácter excepcional de la detención incomunicada, lo que se refleja en una fuerte disminución de la aplicación de este régimen en los últimos años, señaló una delegación oficial de España en el examen del informe periódico de este país en el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
“En 2013, 2014 y primeros cuatro meses de 2015 el régimen de incomunicación se aplicó a un 8 por cien de los detenidos por delitos de terrorismo”, dijo en la audiencia del Comité la embajadora de España ante Naciones Unidas en Ginebra y jefa de la delegación, Ana María Menéndez. En este grueso figuran las personas detenidas en Ceuta acusadas de este tipo de prácticas y que ahora han sido enjuiciadas, en parte, por la Audiencia Nacional.
Por otra parte, la experta del Comité Sarah Cleveland se refirió a cuestiones de migración y asilo, sobre las que pidió a la delegación española que explicara cómo se identifican las necesidades de protección de los inmigrantes y si se facilitan suficientemente los procedimientos de asilo para evitar el internamiento de los solicitantes.
Reconoció, a ese respecto, que España está “bajo una creciente presión por el flujo de inmigrantes y solicitantes de asilo” y adelantó que ésta “continuará”, por lo que “es muy importante que el Estado cuente con un sistema apropiado para garantizar que éstos son tratados de forma humana”. Se refirió asimismo a situaciones de violencia y malos tratos contra inmigrantes en Ceuta y Melilla. En un pasaje de las respuestas a estas inquietudes, el inspector jefe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Coria Rico, dijo que “en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ningún solicitante de asilo es detenido y todas las solicitudes de asilo son admitidas a trámite”. Por su parte, en representación de la subdirección general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, Francisco González Pacheco recordó que los cuerpos de seguridad del Estado no sólo vigilan las fronteras, sino que velan por la seguridad ciudadana, “y a veces los asaltos a los vallados son violentos” pero sí que se respetan los derechos humanos.
