El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, que investiga el rechazo en frontera de inmigrantes y que ha imputado a mandos y agentes de la Guardia Civil en el marco de estas actuaciones, ha dado 48 horas a las partes para que aleguen si la reciente reforma de la Ley de Extranjería y la introducción de la figura jurídica del rechazo en frontera afectará de algún modo a este caso.
Según un auto difundido ayer, el juez Emilio Lamo de Espinosa ha solicitado a la Fiscalía, Abogacía del Estado y acusaciones populares personadas, como la ONG Andalucía Acoge o la Coordinadora de Barrios, que en dos días aleguen “todo lo que tengan por conveniente acerca de la relevancia que para esta instrucción pueda tener la entrada en vigor de la disposición adicional décima” introducida en la Ley de Extranjería. Este juzgado lleva desde el verano pasado investigando el rechazo en frontera, que están reguladas y en vigor desde el pasado mes de marzo, de los inmigrantes que fueron interceptados en tres saltos de la valla de Melilla y que tuvieron lugar en julio, agosto y octubre, tras las denuncias presentadas por las entidades mencionadas junto a SOS Racismo y Prodein. En Ceuta, en este caso el número 6, también investiga el papel de la Guardia Civil en la tragedia del 6-F y la expulsión de 23 inmigrantes que llegaron a la playa del Tarajal y que fueron entregados al vecino país. En el marco de esta instrucción, el juez de Melilla imputó el pasado mes de septiembre al coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín, por la posible comisión de un delito de prevaricación al haber dictado instrucciones para devolver sobre la marcha a inmigrantes interceptados en el salto de la valla contra las disposiciones de la Ley de Extranjería, que aún no se había modificado e impedía entregar a los extranjeros sin identificarles ni darles la posibilidad de alegar. No obstante, el Juzgado ha ido ampliando esta causa con nuevas denuncias sobre la actuación de la Guardia Civil en este punto fronterizo. El pasado mes de febrero imputó a ocho agentes para dirimir si “pudo haberse producido un empleo de la fuerza desproporcionado y si tal manera de proceder pudiese estar tipificada en el Código Penal, sin perjuicio de mejor y más depurada calificación, al menos como un delito de trato degradante” en el salto del 15 octubre. En aquella jornada, un joven camerunés fue golpeado por cuatro guardias civiles cuando descendía de la valla por la escala que ellos habían colocado contra la reja a fin de desalojarla. A continuación fue entregado en volandas por los mismos agentes a las fuerzas marroquíes por una puerta de servicio de la valla, como ilustró un vídeo de Prodein. En el caso de Ceuta, el juzgado número 6 llamó a declarar a varios agentes de los GRS y de la Comandancia de Ceuta, entre ellos un capitán, por los hechos ocurridos en el Tarajal. En estos casos judicializados se trata de plantearse si la nueva regulación podría suponer la derogación o no del delito que, sobre las expulsiones, se les imputa a los agentes de la Benemérita de ambas ciudades.
