Será el próximo lunes cuando se celebre la junta de portavoces extraordinaria solicitada por Caballas para analizar las sentencias que se han dictado contra miembros de la Policía Local.
La coalición pidió esa reunión al confesar públicamente su “preocupación” por “la proliferación de sentencias” que vienen a sancionar la acción de los agentes. Caballas movió ficha y se presentó en sociedad basándose en impresiones por noticias coincidentes en el tiempo, mientras que la Consejería de Gobernación ha preferido moverse por el sendero de la objetividad preparando un informe para valorar, con datos y documentos, si realmente la situación es tan catastrófica y preocupante como argumenta Caballas y otros partidos que se han sumado al carro de esta polémica o, por contra, esa reprobación judicial es mínima.
Un informe-memoria elaborado por la Jefatura de la Policía Local haciendo un repaso de las actuaciones y sentencias que han afectado a sus agentes en los últimos ocho años dibuja un panorama que nada tiene que ver con esa visión tremendista. Según los datos a los que ha tenido acceso El Faro, producto de las más de 270.000 intervenciones realizadas por la Policía Local en ese periodo (entre las que no se cuentan los servicios humanitarios ni las labores de administración, informes o archivo) solo ha existido condena judicial en cuatro casos, habiendo sido sus agentes sancionados por la comisión de faltas o delitos al considerar los tribunales que su acción no había sido la correcta. En este camino judicial, el Tribunal Supremo ha ratificado dos condenas que dictó la Audiencia contra agentes municipales, mientras que otras dos están en fase de recurso, así que todavía no son firmes.
Haciendo una cuenta puramente matemática de lo que esto supone, la reprobación judicial al proceder de los policías locales es minoritaria, alcanzando un porcentaje puramente residual. Del contenido de todas las sentencias judiciales se da notificación a la Jefatura de la Policía Local, de ahí que exista un control adecuado de todas ellas.
Cabe destacar además que las condenas dictadas por tribunales ceutíes conocidas en los últimos meses y que han coincidido en espacios temporales muy seguidos se refieren a actuaciones que tuvieron lugar entre los años 2005 a 2009, en ninguno de los casos a intervenciones más cercanas en el tiempo. Todos los casos han seguido su cauce judicial pero han terminado siendo juzgados en meses cercanos, de ahí que esos resultados judiciales se hayan conocido en un corto periodo de tiempo causando un impacto mediático negativo.
La propia consejera de Gobernación, Yolanda Bel, estará en la Junta del próximo lunes para informar a los partidos sobre la relación Policía Local-tribunales, basando sus respuestas en informes y datos que están registrados en los expedientes del Cuerpo.
Las tesis de la coalición y los datos objetivos
La petición de Junta de Portavoces solicitada por Caballas el pasado fin de semana ya tiene fecha de celebración, fijada el próximo lunes. Dicha petición fue sustentada en la impresión que tenía la coalición de la proliferación de sentencias y pronunciamientos judiciales desfavorables, que afectan a miembros de la Policía Local, calificando las condenadas de “reiteradas” y considerando que las mismas “están dañando muy seriamente la imagen pública de este cuerpo, lo que contribuye a devaluar su importantísima función social”. Caballas pedía una información de los casos que esperan celebración judicial y los que han sido ya juzgados. En el caso de las condenas, ha habido algunas que han sido tumbadas por órganos judiciales superiores que las han anulado, además de existir un caso de condena, del año 2010, que nunca llegó a ejecutarse por decisión de la víctima con lo cual no tiene validez. En ocho años el Supremo ha dictado dos condenas firmes contra policías locales y se espera aún la resolución en torno a otras dos. También ha existido un par de conformidades por faltas y no por delitos.
